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Lorena Martínez Rodríguez, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), pidió al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) “cerrar filas” para lograr modificar prácticas abusivas de las empresas del sector.

“¿Cuál es el efecto que deberíamos esperar?, que cuando Profeco acredita que una compañía viola reiteradamente la ley, no cumple con la norma establecida, el órgano regulador actúe en consecuencia”, explicó la procuradora.

El Plan Nacional de Desarrollo, dijo, llama a todas las dependencias a trabajar en conjunto, por ello la Profeco busca firmar un convenio con el Instituto, para que las decisiones de la Procuraduría puedan incidir en las resoluciones normativas del regulador.

“El IFT y Profeco por disposición de ley, tanto en las leyes que los regulan a ellos como las que nos regulan a nosotros, estamos obligados a trabajar de la mano. Lo que hoy ya iniciamos con ellos es, precisamente, una reunión de trabajo y un equipo que está avanzando para consolidar la firma de un convenio de colaboración que nos permita afinar muy bien las estrategias”, detalló.

Esta estrategia de trabajo articulado entre el instituto y la procuraduría debe permitir que, en el largo plazo, Profeco pueda cambiar prácticas comerciales que se mantienen desde hace 20 años, ya que, por ejemplo “curiosamente la Profeco, que es quien representa los derechos de los consumidores, no está sentada en el consejo donde se deciden y se autorizan los planes de las compañías telefónicas”, detalló.

Del mismo modo, es necesario coordinar el trabajo en materia de sanciones, pues la multa máxima que Profeco puede imponer es de 4 millones de pesos y la ley complica la aplicación de multas por reincidencia en las que incurren las empresas, sobre todo en este sector.

Asimismo, esperan que avancen temas como la portabilidad y el desbloqueo de los teléfonos celulares y que las empresas de telecomunicaciones se sumen a Concilianet para resolver quejas y denuncias de los usuarios.

Hace un par de semanas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo un juicio iniciado por Profeco, cuyo objetivo es eliminar las cláusulas abusivas de los contratos de prestación de servicios, declaró Martínez Rodríguez.

“La tendencia de la Corte va en el sentido de atraer los temas al ámbito de su competencia y sentar un precedente jurídico y que resuelva, la Corte misma, la posibilidad de declarar nulas por ejemplo cláusulas que son violatorias de la ley y que son contra consumidores”, destacó Martínez.

Profeco inició diversas acciones colectivas contra empresas como Telcel, Iusacell, Nextel, Movistar, Dish y Cablevisión, algunas han sido atraídas por la Corte.

Van contra mayoristas de limón

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que su mayor atención sobre el precio del limón se concentrará en las grandes centrales de abasto y no en los pequeños establecimientos minoristas.

En entrevista, la titular de la dependencia, Lorena Martínez Rodríguez, aseguró que es en los lugares de alta distribución donde están las más grandes distorsiones de comercialización de este alimento.

El limón, que ha llegado a venderse hasta en 70 pesos el kilo, se ha convertido en un foco de atención por parte de la Profeco, que busca evitar abusos en cuanto a los precios que se ofrecen a los consumidores.

“De pronto escucho que vamos a multar a los minoristas, pero eso no es cierto; la Profeco no está distraída ni aplicando operativos en los changarritos que venden el limón, estamos ocupados en las grandes centrales de abasto, porque es justo ahí donde podemos encontrar las distorsiones de comercialización”, comentó.

Castigarán ilegalidades

La procuradora aseguró que el precio de este alimento tendrá que regularizarse una vez que se resuelva el problema de abasto que hay, pero advirtió que estarán atentos en que en este restablecimiento de la cotización no se den abusos.

“¿Qué esperamos nosotros? Lo que tiene que suceder, que una vez que se regularice el abasto el precio regrese a su cotización original. Si no regresa, con esta línea de base que ya tenemos monitoreada vamos a sancionar.

“Y vamos a sancionar, porque ya sabemos lo que costaba antes, lo que se cotizaba previo a esta crisis; entonces están obligados a bajarlo, porque de lo contrario vamos a tomar acciones”, advirtió Lorena Martínez.

Y es que para la titular de la Procuraduría Federal del Consumidor un foco de atención será el restablecimiento del precio del limón a lo que se cotizaba antes, pues “como el consumidor ya se acostumbró a pagar un precio alto”, es probable que quienes lo comercializan ya no lo hagan a su importe original, todo por tener un margen de utilidad mayor.

“Ahí es donde está muchas veces el problema y en esa parte de la cadena comercial es complejo comprobar ese tipo de hechos. Nosotros estamos intentando y haciendo un esfuerzo para que, a través de los programas de verificación, se eviten ese tipo de prácticas especulatorias y de acaparamiento”, explicó la funcionaria.

Sin precio oficial

Añadió que como no existe un precio oficial de ningún producto, ni en el caso del limón, la Procuraduría Federal del Consumidor no puede llegar a multar a quien lo comercializa caro, pero lo que sí pueden hacer es identificar las distorsiones que hay del mercado y entonces actuar contra quienes abusen de las prácticas de ventas.

Hasta el momento, la Profeco ha llevado a cabo 639 procedimientos de verificación en bodegas de venta al mayoreo o tiendas de autoservicio, principalmente, de las cuales 140 han dado motivo para la suspensión de actividades comerciales.

“Esa suspensión se origina en dos hechos: que no tengan los precios a la vista del público y que aunque la gente sepa que está caro aún así lo comprará, y la otra es que no nos acrediten que su práctica comercial es sana. Y esto lo vamos a hacer no sólo con el limón, sino con todos los productos de la canasta básica”, concluyó.

Vigilarán a las casas de empeño

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) tendrá la competencia de vigilar y regular a las casas de empeño, para cerrar el vacío legal que les permitía llevar a cabo prácticas abusivas y mecanismos para burlar la ley.

En entrevista con EL UNIVERSAL, la titular de la dependencia, Lorena Martínez Rodríguez, dijo que en el caso de las casas de empeño hallaron que era un nicho de los servicios que nadie regulaba y vigilaba, lo cual generó un número importante de abusos en el país.

Adelantó que a partir del próximo mes la ley les mandatará la creación del Registro Nacional de Casas de Empeño, al cual las empresas dedicadas a este sector deberán estar inscritas si quieren operar.

De acuerdo con la procuradora, muchas empresas incursionaron en este mercado para cometer un fraude y abusar de las personas, principalmente de aquellas que tienen menores ingresos.

Entre las irregularidades de estas casas de empeño, detalló Lorena Martínez, se hallaron prácticas como la desaparición del establecimiento, cobros más altos de los pactados o la recuperación de prendas y objetos que no eran los que se habían empeñado.

La razón por la que abrirán este registro nacional es porque el creciente número de quejas que se derivaron de estas prácticas fraudulentas, pero ante las que los consumidores estaban indefensos, pues no había facultades por parte de la Profeco para interceder por ellos.

“El registro nos debe dar la garantía y la ventaja de que las empresas que se registren puedan acreditar un capital social en sus negocios suficiente para que avalen la operación de un establecimiento de este tipo”, comentó.

Lorena Martínez dijo que también buscarán llevar a cabo un convenio de colaboración con la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de las Instituciones Financieras (Condusef), pues igualmente han encontrado un vacío legal en la regulación de intermediarios financieros y gestores.

“Este es un gran problema en el país porque hay poca claridad en las competencias, ya que las instituciones financieras reguladas por la Condusef utilizan una figura tercera, una especie de despacho que es como un gestor, entonces el usuario de estos servicios ni siquiera puede acudir con la Condusef porque quien hace la operación es un tercero. Esto ya empieza a ser un problema social y hay que estar presentes”, explicó Martínez.

La funcionaria aseguró que durante su gestión tomarán acciones con estas nuevas facultades, la cual también planean extender sobre la publicidad engañosa.

Otro convenio de colaboración que realizará es con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para darle certeza al consumidor sobre quejas del alto cobro de los servicios, así como del mal funcionamiento de los medidores y la poca información sobre la lectura del consumo eléctrico.

Informó que habrá verificaciones de medidores de la luz.