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A unas horas de que se vote en comisiones del Senado el dictamen de la Ley Federal de Competencia, los legisladores de la Cámara Alta propondrán que la legislación contemple que, aún sin el fallo final, se inicie investigación penal contra empresas que incurran en prácticas monopólicas o intercambien información.

En la propuesta del dictamen del Senado no se aclaran los conceptos que más revuelo causaron entre los académicos, consultores e iniciativa privada, como “barreras de entrada” e “insumos esenciales”, y se le atribuye a la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) la facultad de que en los siguientes 180 días posteriores a la entrada en vigor emita los lineamientos, directrices, guías y criterios técnicos sobre los que se actuará.

Los senadores pretenden “evitar arreglar las definiciones y le dan facultades a la autoridad de competencia para que ellas las definan. Lo que crea más inseguridad, porque va a quedar en manos de la propia autoridad el definir los criterios en lugar de que se haga en la propia ley”, aseguró el exfuncionario de la Cofece y profesor de la UNAM, Miguel Flores Bernés.

En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Comercio y Fomento Industrial, de Fomento Económico y de Estudios Legislativos, que contiene el proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal de Competencia Económica y se reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal”, en poder de EL UNIVERSAL, los senadores hacen modificaciones y adiciones a más de una docena de artículos de la Minuta que les envió Cámara de Diputados en marzo pasado.

Con lo que de aprobarse en esta semana —como lo quiere la fracción del Partido Revolucionario Institucional— el dictamen del Senado, nuevamente se regresará a la Cámara Baja para su ratificación.

Uno de los cambios que proponen los senadores que más sobresalen es el del artículo 254 bis del Código Penal Federal, en el que advierte que podría iniciarse una querella o un procedimiento judicial con solamente tener el “dictamen de probable responsabilidad”.

Lo que contrasta con la propuesta de la Cámara de Diputados que pretendían imponer la sanción cuando “la autoridad competente haya determinado que un agente económico resultó responsable de haber cometido alguna práctica monopólica absoluta”.

Es decir, dijo Flores Bernés “se iniciaría un procedimiento penal antes de iniciar el procedimiento administrativo... se endurece la parte penal sin razonamiento jurídico”. Además de que mantienen el inciso que castiga el intercambio de información entre competidores, “eso es sumamente grave”.

La mayor parte de los cambios se hacen en el artículo 12 de la iniciativa de Ley, en donde se establecen las atribuciones de la Cofece. Se aclara que las opiniones que emita el agente regulador serán vinculantes en todo momento, algo que no estaba previsto en la propuesta inicial y que fue solicitado por especialistas, representantes de cámaras privadas y del sector empresarial y como un cambio importante a considerar en los diversos foros que organizó el Senado de la República.

Es en el mismo artículo 12, fracción XXII en donde se faculta a la Comisión para que emita, publique y publicite cada cinco años las directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos para barreras a la competencia y libre concurrencia, existencia y regulación de acceso a insumos esenciales, desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de agentes económicos y “las que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de esta ley”.

Aquí es donde, dijo Flores Bernés, no hay un expertis porque son conceptos nuevos y aun así se pide a la Comisión que emita los criterios, “se definirán criterios antes de definir algún caso”, además de que será juez y parte.

Otra de las propuestas, es que se pedirán estudios a especialistas como académicos que evalúen el desempeño de la Comisión. Aspecto que aún y cuando es importante, existe el riesgo de que se influya en los expertos, por eso deben “hacerse estudios independientes y cuidados para no ser presionados”.