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Uno de los peores escándalos que se protagonizaron en el país, incluso con repercusiones a nivel internacional, en el segundo año de la presente administración, fue la cancelación de la licitación para la construcción del Tren de Alta Velocidad México-Querétaro, uno de los proyectos de infraestructura más importantes comprometidos por el presidente Enrique Peña Nieto.

El pasado 6 de noviembre, en una decisión histórica, el propio Jefe del Ejecutivo ordenó reponer el proceso de licitación que apenas tres días antes había ganado el consorcio formado por la empresa China Railway Construction Corporation (CRCC) y las empresas mexicanas Prodemex, Constructora y Edificadora Gia, Constructora Teya y GHP Infraestructura Mexicana.

La razón, según dio a conocer la Presidencia, fue con el fin de dar más transparencia y claridad para que no haya dudas sobre este proyecto, debido a los cuestionamiento que surgieron por supuestamente haber privilegiado la participación de Constructora Teya, propiedad de Juan Armando Hinojosa Cantrú (Grupo Higa).

El empresario ha sido considerado uno de los principales contratistas de Peña Nieto durante su gestión como gobernador del Estado de México, en un proyecto de infraestructura millonario cuyo costo se calculó en 59 mil millones de pesos (mdp), unos 4 mil 500 millones de dólares (mdd).

Se trata, según información de la Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal de la SCT, de la construcción de un tren de alta velocidad en 209.2 kilómetros, dividido en 10 tramos, para transportar diariamente a 22 mil 200 a través de dos estaciones terminales: Buenavista, en el Distrito Federal, y Querétaro, utilizando 12 unidades móviles por sentido.

Durante el proceso, 16 empresas más que compraron las bases de licitación, entre ellas las francesas Bombardier y Alstom, decidieron retirarse al considerar que estaban en desventaja y que un proyecto de esta envergadura requería más tiempo para su análisis y presentar una propuesta acorde.

Todavía la mañana de ese jueves 6 de noviembre, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, había asistido a una reunión con senadores de la Comisión de Comunicaciones y Transporte para insistir que la dependencia a su cargo actuó con legalidad y “no había asomo de favoritismo o corrupción el proyecto”.

Sin embargo, reconoció en ese momento que se reunió previamente en China con la empresa ganadora, la cual a la semana siguiente ya tenía en México 200 técnicos trabajando en el tema.

El panista Javier Corral, uno de los que más cuestionaron al titular de la SCT, sugirió que durante la reunión en ese país se había dado información privilegiada a los chinos, lo que les permitió ganar la licitación.

“De ser así, se amañó un proyecto multimillonario con el fin de privilegiar a uno de los competidores y los demás contendientes, conscientes de ello, se retiraron”.

El argumento del legislador del PAN era que en la propuesta presentada a la Unidad de Inversión de la Secretaría de Hacienda, el 2 de abril de este año, refería una inversión total de 92 mil 225 mdp, de los cuales 43 mil 579 mdp serían para la construcción y otros 48 mil 646 mdp para los gastos de mantenimiento y operación del tren para un periodo de 30 años.

No obstante, al final el costo pactado en la licitación fue de 59 mil mdp.

Corral recalcó que las firmas mexicanas que concursaron junto con el consorcio chino, Prodemex, Teya y GHP Infraestructura Mexicana son propiedad de personajes ligados al ex presidente Carlos Salinas de Gortari y preguntó si esos acuerdos son casuales o son nexos generados por el patrocinio de estos empresarios a su partido.

“Hay una bomba de tiempo, porque hay una exigencia social que reprocha la impunidad, la colusión entre delincuentes y la autoridad, como para adicionarle procesos de licitación enderezados a favorecer a amigos, a personeros o a empresas cercanas al partido en el gobierno o al Presidente de la República”, habría comentado.

La senadora Marcela Torres Peimbert pidió que se cancelara la concesión y Javier Lozano, presidente de la citada comisión, reveló que la empresa ganadora de la licitación no fue aceptada para participar en un proyecto en Brasil porque ocurrió un accidente que provocó la muerte de 40 personas.

No obstante, Ruiz Esparza insistió en que todo fue legal en la adjudicación del proyecto del tren rápido México-Querétaro. Sostuvo que fue una decisión soberana del gobierno de China la de asociarse con las empresas mexicanas. “Con toda libertad le digo, no creo haber violado absolutamente ninguna legalidad, así como se les invitó a ellos, se les invitó a los demás”.

Indicó que “no es un tema de amistades, es un tema de empresas. Hay en todas las empresas, o en casi todas, un nombre conocido”.

Por la noche, en un noticiero televisivo, informó que por instrucciones del Presidente se cancelaba la licitación y que se daría paso a un nuevo proceso en donde “se dará más tiempo para la presentación de ofertas de las empresas fabricantes de trenes”.

Subrayó que el principal interés del gobierno federal es que no existan cuestionamientos sobre el proyecto y que tampoco haya dudas sobre la claridad y transparencia del proceso.

El problema alcanzó tal magnitud, que fue necesario que el secretario de la SCT viajara a China para otorgar una explicación al gobierno de ese país, ante la amenaza de que China Railway solicitara una indemnización porque contractualmente la cancelación no fue un problema atribuible al contratista.

El 22 de diciembre, Ruiz Esparza informó que se comunicó al consorcio encabezado por China Railway Construction Corporation donde no se firmaría el contrato derivado del proceso de adjudicación. “El plazo legal para inconformarse por la decisión ya venció y no hemos sido notificados de alguna inconformidad. A la fecha, no se ha recibido ninguna solicitud para el pago de gastos no recuperables”.

Dio a conocer también que Grupo Higa no participará en la licitación del tren México-Querétaro y que lo mismo sucedería con las otras dos socias mexicanas de la empresa china: Constructora y Edificadora GIA+A y Prodemex.

Pero la sombra de la duda sobre el favoritismo sigue presente y han surgido evidencias en torno a que las empresas de Juan Armando Hinojosa se ven favorecidas con otros contratos.

Uno, que involucran inversiones millonarias, es la ampliación y modernización del Hangar Presidencial a realizarse en una superficie de 59 mil 551 metros cuadrados en las actuales instalaciones del Aeropuerto para brindar seguridad en los traslados al Ejecutivo y funcionarios.

La Dirección del AICM estimó que el proyecto tendrá un costo de 945.6 mdp, pero el interés del contrato está en el gasto relacionado con el mantenimiento y operación de las nuevas instalaciones que se valuaron en 26 mil 393 mdp para un periodo de 30 años.

El problema en este caso radica en que una vez que entre en operación el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, aproximadamente cinco años en su primera etapa, las viejas instalaciones se cerrarán y no hay claridad si el Hangar Presidencial será desplazado al nuevo aeropuerto o permanecerá en su lugar, lo que haría infructuosa una inversión para 30 años.

Otro contrato en donde Higa estará presente es en la construcción del Acueducto Monterrey VI, una obra por la que se pagarán 47 mil mdp en los próximos 27 años y que consiste en una obra de 372 kilómetros para extraer agua del Río Pánuco con destino final a Linares, Nuevo León.

Es decir, en tan sólo dos contratos, las empresas de Armando Hinojosa habrían tenido acceso a recursos públicos por 133 mil 300 mdp.