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En reversa, tren DF-Qro

Ana Lilia Moreno| El Universal
Sábado 08 de noviembre de 2014

Sorpresivamente, y después de una intensa campaña para avalar un proyecto cuya legitimidad empezó a caer antes de su inicio, el secretario de Comunicaciones y Transportes finalmente anunció la cancelación de la asignación al consorcio mexicano chino de la construcción del tren que conectaría en una primera etapa a la Ciudad de México con la ciudad de Querétaro. La obra, cuyo costo ascendía a 3,221 millones de dólares, por un periodo de 17.5 años, con 2.5 años de gracia, fue la ganadora de un concurso del que 16 compañías participantes se disculparon por no poder cumplir con los términos planteados por el gobierno mexicano dando pie a suspicacias respecto de la transparencia del proceso licitatorio, que finalmente derivaron en una desafortunada comparecencia del secretario ante el Senado.

Las compras públicas, o bien, los procedimientos a través de las cuales el gobierno adquiere bienes y servicios son procesos complejos que requieren un fino apuntalamiento legal y contable para el cual ya existen principios generalmente aceptados que si bien, no son perfectos, coinciden con los estándares internacionales que permiten trazar rutas claras hacia un mejor uso de los recursos públicos. De acuerdo con estos principios, los cuatro mínimos básicos que requiere un proceso de adquisición, arrendamiento o contratación de servicios son: i) maximizar el valor del dinero, ii) promover la competencia, iii) procesos eficientes efectivos, y iv) procurar máxima integridad y publicidad. La implementación de estos principios —cuya literatura abunda de forma gratuita en internet— garantiza lo mínimo necesario para que en México existan condiciones necesarias para transitar a un sistema de compras que logre sacar el mayor provecho de nuestros impuestos, evite la politización sobre las decisiones de inversión del Estado, y propicie certidumbre a los inversionistas.

En el caso de la licitación del tren Mexico-Querétaro llama la atención observar que no se cumplían ninguno de los cuatro mínimos: no hay evidencias que comprobaran que los cerca de 58 mil millones de pesos a invertir maximizaban el valor del dinero; la obra se habría otorgado al único competidor, el consorcio mexicano asociado con China Railway Construction Corp., impidiendo así poder documentar las ventajas de la selección ganadora frente a la postura de otros consorcios igualmente competentes; dadas las razones expresadas por las empresas que declinaron seguir en el concurso, los procesos del concurso no apelaban a procesos eficientes y efectivos —incluso hubo algunas que expresaron temor a su integridad por el tipo de alianzas que las bases obligaban a realizar— y, finalmente todo esto conjunto no procuraba la máxima integridad y publicidad para demostrar en la realidad que esta licitación honraba las prácticas de un gobierno moderno y responsable, sino lo contrario, refrendaba las sempiternas prácticas de secretismo, opacidad y amiguismo que han caracterizado por desgracia a nuestro sistema.

Aun cuando la decisión súbita desde Los Pinos ha sorprendido por su mensaje cambiante, se puede leer que es una decisión cuyas implicaciones han sido discernidas en términos de largo plazo. Ante próximas licitaciones de gran envergadura como el tren México-Toluca, los nuevos canales de televisión y la licitación del espectro radioeléctrico, aunado a una erogación pública de 6.6 billones de pesos en infraestructura, el gobierno federal debe enviar señales más sólidas de gobernabilidad. Sin duda la cancelación del proyecto implica costos altos, pero a manera de prevención y control de daños, la medida para controlar las suspicacias y expectativas negativas en torno a los procesos licitatorios aisla los efectos y renueva la capacidad del gobierno para cumplir con los principios mínimos que se harían en un país serio. ¿Por qué no lo hicieron antes de empezar? Ya nos costó a todos tiempo y dinero. “Tenemos prisa” dijo el secretario de SCT la semana pasada en entrevista radiofónica. El giro de timón que da el presidente apela a evitar las graves consecuencias de anteponer la eficacia por sobre todas las cosas. Mejor prevenir que lamentar… como le pasó a aquél japonés que estrelló una vez un tren por llegar a tiempo.

 

Investigadora del CIDAC



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