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La complejidad administrativa, la corrupción y los impuestos elevados fueron tres de los principales factores que, a decir de directivos empresariales, originan la informalidad en el país, arrojó un análisis realizado por el Banco de México (Banxico).

La encuesta aplicada a cerca de 500 directivos empresariales de diversos sectores en las cuatro regiones del país, evidenció que otros obstáculos para el combate de ese flagelo social son la falta de incentivos para dejar la informalidad, y los altos costos administrativos.

La más reciente Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI reveló al segundo trimestre del año que hay 28.6 millones de personas que trabajan en la informalidad en el país.

Esto significa que dos de cada tres personas que se encuentran ocupadas en México tienen un empleo en el sector informal. Los directivos consultados por Banxico ubicaron la complejidad administrativa como el principal obstáculo para frenar la informalidad.

En el caso de los directores del norte del país, este tema recibió 24% de las respuestas. En el centro norte hubo 32% con esa intención, mientras que en el centro alcanzó el 23% de los señalamientos.

Los directivos del sur otorgaron 4% de sus inclinaciones a la complejidad administrativa.

El director general de investigación económica de Banxico, Alberto Torres, dijo que los comentarios de los directivos revelaron que la complejidad administrativa está ligada fundamentalmente al número elevado de trámites que se tienen que realizar para abrir un negocio.

“Los comentarios de los directivos eran en términos del número de trámites para abrir algún negocio. Algunos de esos a veces son relacionados con el gobierno federal y muchas veces con los locales.

“También señalaron los costos que implica tener una contabilidad y que enfrentan costos por el tiempo y el dinero para cumplir con los diferentes trámites”, detalló.

El más reciente estudio Doing Business, del Banco Mundial, ubicó a México en la posición 53 de 189 países del índice que mide las facilidades para hacer negocios.

Los elevados impuestos también fueron otro de los factores que para los directivos explican el origen de la informalidad en el país.

En el norte, 16% de los directivos consultados señaló ese motivo, mientras que en el centro norte comentaron en 21% de las respuestas el tema de impuestos, y en el centro el factor obtuvo 23%.

Los trabajadores en la informalidad evitan impuestos como el ISR, que para aquellos con ingresos menores a 750 mil pesos anuales se grava a tasa de 30%, pero que puede elevarse a 35% si la persona gana más de 3 millones al año.

Los directivos también dijeron que una causa de la existencia de la informalidad es que no hay incentivos para que la dejen.

En ese sentido, 24% de los directivos del norte señaló esa razón por la que no se puede combatir ese fenómeno, los del centro norte le dieron 16% de las contestaciones a ese punto, mientras que el centro se inclinó en 38% sobre esa causa.

Banxico añadió que los directivos expusieron las principales medidas de política pública que se deben llevar a cabo para combatir la informalidad, entre las que destacaron a la necesidad de hacer una simplificación a la carga administrativa.

Otras opiniones que aportaron fueron el combate a la corrupción, penalizar al sector informal y también bajar los impuestos.

Mejora panorama económico

En la presentación del reporte sobre las economías regionales al segundo trimestre del año, Alberto Torres dijo que las economías regionales presentaron mayor dinamismo durante el segundo trimestre, en comparación con el trimestre previo.

Destacó que este desenvolvimiento se explicó por la expansión de la demanda externa y una mejoría en el mercado interno.

Los directivos expresaron que prevén una mayor demanda por sus bienes y servicios en los próximos seis y 12 meses, lo que permite avizorar que aumentará el personal contratado en sus empresas y que realizarán inversiones, principalmente en maquinaria y equipo.

Entre los riesgos que podrían frenar el mayor dinamismo económico esperado, los consultados señalaron un deterioro en la percepción sobre la seguridad pública, una prolongación más allá de lo esperado de los cambios fiscales sobre el flujo de las empresas, así como retraso en la ejecución del gasto público.