“El cielo que nos tiene prometido el progreso, no acaba de llegar” escribió Gabriel Zaid en su obra El Progreso Improductivo. Lo anterior resume la deuda económica y social que se tiene con una sociedad que todavía confía, aun con los crecientes niveles de pobreza e inseguridad.

La falta de eficacia es un signo en el ejercicio de los recursos públicos. Sin importar el monto del gasto los resultados no llegan. El mejor ejemplo se tiene en las cifras que el Inegi publicó recientemente: “durante 2013 el valor agregado bruto del sector público aumentó en términos reales 0.4% respecto al de un año antes”.

Si se recuerda que durante el sexenio previo el incremento fue de 0%, y que se ejercieron recursos millonarios crecientes, es fácil plantear que un problema estructural por resolver es la ausencia de eficacia. No se pueden solventar los problemas de inseguridad, bajo crecimiento, pobreza, baja calidad educativa, por citar algunos relevantes.

En lo que respecta a la cifras del gobierno el valor agregado aumentó sólo 0.8%. Para el caso de las empresas públicas permaneció sin cambio. La paradoja es evidente: se ejecutó un presupuesto histórico, sin resultados significativos. Por tanto, puede entenderse la razón de por qué los beneficios económicos y sociales son realmente modestos.

La cuestión es que la falta de crecimiento no es algo coyuntural, es una constante en los últimos 30 años. Diversos estudios han planteado algunos factores que inhiben el crecimiento, un elemento que representa una coincidencia es la baja productividad, algo común en los países de baja innovación.

De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, el escaso avance de la productividad es la raíz del deficiente crecimiento de América Latina, para dicha institución es crucial que la productividad se incremente si se quiere un mayor nivel de bienestar.

Elevar la eficiencia y eficacia en el desempeño del gobierno es esencial para que México logre desarrollar tanto su mercado como su sistema político e infraestructura productiva.

La operación del gobierno, en sus tres niveles no puede estar alejada de objetivos claros, de metas cuantitativas y cualitativas que permitan evaluar las etapas intermedias de su desempeño.

El complejo sistema político, social y económico en el cual se debe operar hace palpable la imprescindible necesidad de realizar una planeación estratégica y detallada de todos los elementos y procesos que le constituyen.

Se vuelve prioritario establecer y precisar los mecanismos de interacción bajo los cuales funcionan todos los componentes económicos, políticos y sociales de un país. Por tanto, garantizar la eficiencia y eficacia de la gestión de gobierno es indispensable para asegurar la estabilidad del conjunto, y no únicamente de una o algunas de sus partes.

En este aspecto es vital establecer que el grado de destreza, habilidad y experiencia de las élites políticas es un factor esencial para determinar el alcance e impacto que tendrán las diversas acciones y alternativas gubernamentales.

La historia reciente muestra lo que cuesta equivocarse en la gestión pública. En materia de distribución del ingreso el avance es nulo en los últimos 60 años: 10% de la población concentra casi el 40% de la riqueza, situación que ha permanecido invariable a lo largo de dicho periodo.

La primera limitante para superar este rezago es el mal desempeño del PIB. Entre 1981 y 1989 el crecimiento promedio anual fue de sólo 1.6%, lo cual rompió con la tendencia positiva que se tenía hasta antes del inicio de la llamada década pérdida.

La cifra también refleja la incapacidad para satisfacer los requerimientos de consumo, inversión y empleo y buenos salarios que mínimamente exige el incremento demográfico. Una deuda que, como veremos, continúa sin saldarse.

* Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico.