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Desde 2005, la empresa Oceanografía, ex proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex) encabezada por Amado Yáñez Osuna estuvo bajo la lupa de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por sospechas de “tráfico de influencias”.

Fundada en 1968 bajo la razón social Consultores y Contratistas en Oceanografía y que se modificó a Oceanografía, SA de CV en 1990, especializada en servicios integrados de ingeniería geofísica marina, mantenimiento a estructuras marinas y construcción de ductos submarinos.

Entre 2001 y 2006 obtuvo 50 contratos de Pemex con un valor superior a los 9 mil millones de pesos mediante licitaciones públicas y adjudicaciones directas, monto con que logró convertirse en una de las contratistas más importantes de la industria petrolera estatal.

El mayor número de contratos asignados por Pemex a Oceanografía, fue durante el último tramo de la gestión del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, así como en la dirección de Luis Ramírez Corzo.

Después de una serie de acusaciones de “tráfico de influencias” de los hijos de Martha Sahagún, para que Oceanografía fuera la ganadora de las licitaciones en Pemex, en 2005 fue creada una comisión en la Cámara de Diputados para investigar las faltas cometidas desde las altas esferas del poder en la administración del ex presidente Vicente Fox.

Manuel Bribiesca reconoció en una entrevista a un medio de comunicación: “Mi hermano (Jorge) y mi tío (Guillermo) llamaron a Pemex para que le dieran un contrato a Oceanografía. Eso sí, siempre con apego a la legalidad, mediante concurso. Esa empresa dedicada a trabajos petroleros. Mi hermano y mi tío conocen bien a los dueños. Así que no tiene nada de malo que soliciten en Pemex que se tome en cuenta a Oceanografía para ese contrato”.

La lista de los funcionarios de Pemex que involucraba la investigación del Congreso era larga: los exdirectores generales, Raúl Muñoz Leos y Luis Ramírez Corzo; el director general de PEP, Carlos Morales Gil; el subdirector de la Región Marina Noreste, Javier Hinojosa Puebla; el ex administrador de Activos de la Región Marina Suroeste, Jorge Andrés Pérez Fernández; el ex subdirector de Coordinación de Servicios Marítimos, Héctor Leyva Torres; el gerente de Mantenimiento Integral, José Guadalupe de la Garza Saldívar; el exabogado general, César Nava Vásquez y su sucesor, José Néstor García Reza.

El resultado de la investigación de la Comisión fue que “sí existen elementos valorados objetivamente en su dimensión jurídica que pudieran ser constitutivos de diversas faltas administrativas y probables delitos que no pueden quedar exentos de ser sujetos de la aplicación de la ley en caso de que tal apreciación se confirme por los órganos jurisdiccionales competentes”.

De esta forma, los Diputados pasaron la responsabilidad de investigar y en su caso sancionar a los involucrados al Poder Judicial, ya que el Congreso de la Unión no tiene la potestad de sancionar por la vía penal.

Además, solicitó a la Comisión de Vigilancia de la ASF auditar todos los contratos formalizados entre Pemex y Oceanografía de enero de 2002 a septiembre de 2005, así como auditar la participación de Pemex en el juicio de Amparo interpuesto por Oceanografía en virtud de la paraestatal perdió el juicio en forma elemental.

Sin embargo, no pasó nada y buena parte de los funcionarios de Pemex, presuntamente involucrados en el tráfico de influencias, se mantuvieron o ascendieron en sus cargos durante la gestión del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.

El 11 de febrero Oceanografía fue inhabilitadapor la Secretaría de la Función Pública por 21 meses y 12 días y fue multada con 24 millones de pesos.