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Las entidades federativas y municipios continuarán en deterioro “y no hay nada para hacer pensar que esa tendencia va a cambiar”, advirtió el analista de gobiernos subnacionales de Moody’s, Alejandro Olivo.

Durante el panel de Reforma subsoberana en México, dentro de la 14 Conferencia anual de Moody’s, el experto comentó que la deuda de los gobiernos locales no representa un problema sistémico, pero si un sector en deterioro.

La agencia calificadora evalúa a 24 entidades federativas y el Distrito Federal, de ese total, 25% tenía una calificación en julio de 2009 que lo colocaba en grado de inversión, es decir, en una posición estable y fuerte.

No obstante, para julio de 2013, las entidades que se encontraban en la categoría de grado de inversión se desinflaron a 18%, lo que significó que algunos estados fueron castigados en su nota crediticia.

“La mayoría de las entidades que dejaron de estar en grado de inversión pasaron a calificaciones de más riesgo y notas más bajas”, afirmó la analista de gobiernos subsoberanos de Moody’s Maricarmen Martínez.

Sin embargo, la experta dijo que en el caso de los municipios la situación es más dramática, pues de 46 territorios que evalúan solo 8 se ubican en la categoría de grado de inversión.

Los estados y municipios a los que les degradaron las calificaciones tuvieron algunos puntos en común: incumplieron sus obligaciones financieras durante la transición de gobierno, es decir, que los aspectos políticos interfirieron negativamente sobre su disciplina financiera.

Criticaron que uno de los problemas mayores es que hay casos donde el grueso de las participaciones federales (principales ingresos de los estados) están comprometidas. “Es oportuno poner límites a esto”, dijo Olivo.

Por ello plantearon la creación de un registro público único de deuda que permita una mayor transparencia sobre las contrataciones de créditos que obtienen los gobiernos subnacionales.

Expusieron que la deuda de corto plazo, que en algunos casos por cuestiones de legislación estatal no es reconocida como un pasivo, se registre como tal y que su destino sea para inversión pública e infraestructura.

También consideraron que es necesario tener un sistema de alertas para monitorear y dar seguimiento a la deuda que contratan los estados y municipios.