El entorno económico no es propicio para aumentar impuestos, elevar el déficit y realizar un gasto público que no tiene impacto en el crecimiento y desarrollo de México. En términos sociales es positivo que no se cobre IVA en alimentos y medicinas, no hay mecanismos eficaces para garantizar que la población disfrutará de mejores condiciones de vida como fruto de ello. Tampoco hay garantías de que las empresas tendrán un entorno más favorable para incrementar su productividad y competitividad. La razón es bastante simple: el gasto de gobierno tiene escasa o nula eficacia en casi todos los rubros en que se utiliza. El problema no solamente es de transparencia o de que se canalicen recursos a sectores sindicales que los utilizan con fines políticos, en realidad el mayor cuestionamiento es que el gasto aplicado a rubros como educación, salud, seguridad pública y combate a la pobreza no da resultados.

En conformidad con los indicadores macroeconómicos del sector público del INEGI, el incremento total de su valor agregado fue de 0.5% en promedio anual durante el periodo 2007-2011. En servicios educativos la variación fue de 1.2% y para los servicios de salud y de asistencia social se reportó un aumento de 0.8%. No puede obviarse que en términos generales el gasto en educación pública de nivel medio superior y superior es regresiva: no tiene los beneficios esperados sobre la población más pobre. En realidad la aprovechan los mexicanos que han resuelto algunas de sus necesidades más básicas, como la de alimentarse, y que no deben trabajar durante su adolescencia. Los bloqueos en las calles resumen los problemas de la educación básica.

Además debe plantearse un hecho ya comentado: la ineficacia del gasto para abatir la pobreza. De acuerdo a las cifras publicadas por Coneval, más de 60 millones de personas tienen restricciones porque sus ingresos son insuficientes para tener un nivel de bienestar adecuado, la pobreza por ingresos señala que el modelo económico no funciona y de que el gasto público no puede resolver este desequilibrio. Justificar que el aumento en impuestos y el mayor endeudamiento resolverán lo antes citado es complicado, para ello debería presentarse una reforma que modifique la forma de medir la eficacia del gasto público, algo que no se hizo. De igual forma se necesitarían implementar profundos cambios en la administración pública, una reconfiguración en rubros estratégicos, cuestión que tampoco se presentó.

Poco se puede hacer bajo la inercia heredada, la estructura de la administración pública necesita cambios que deben comenzar desde la planeación y estrategia a seguir. Bajo dichas características es poco prudente aprobar un aumento al endeudamiento. Cada punto del PIB representa alrededor de 12 mil millones de dólares, casi todo el presupuesto de un año del Distrito Federal. El déficit propuesto para el 2013 y el 2014 implicarían casi 2% del PIB en deuda adicional, la cual habrá que pagar con intereses. Debe enfatizarse que ello es sin contar a todo el sector público, cuando se agrega a PEMEX la situación de necesidades financieras se vuelve más inquietante.

Por tanto, el paquete fiscal presentado tuvo una buena y varias malas. La buena: no hay IVA a alimentos y medicina. Las malas: se tiene mayor deuda, impuestos sobre la renta, restricciones a la deducibilidad de impuestos para las personas físicas, incentivos para que las empresas disminuyan el pago de vales de despensa y algunas prestaciones sociales, IVA en educación privada y poco se indica de aumentar la eficacia del gasto de gobierno.

Rumbo al segundo año de gobierno, y con una desaceleración económica en marcha, se tiene la apuesta por una mayor recaudación para implementar los programas del ejecutivo, sin embargo ello puede costar un freno a la actividad productiva y el consumo de los mexicanos.

*Director del Centro de Investigación en Economía y Negocios del Tecnológico de Monterrey Campus Estado de México