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Las comisiones de Hacienda y Justicia de la Cámara de Diputados avalaron en lo general, y dejaron para el lunes su discusión en lo particular, el dictamen de la Reforma Financiera que envió en mayo pasado el presidente, Enrique Peña Nieto, con la que se pretende que los bancos otorguen más crédito, cobren más rápido y sean más transparentes en los productos y servicios que ofrecen.

Los legisladores —de todas las bancadas— tardaron casi ocho horas en llegar a un acuerdo debido a que las negociaciones se atoraron en la definición de la entidad que regulará el cobro de comisiones por transacciones que un usuario realiza en un cajero automático o al hacer un pago electrónico. También hubo desacuerdo en las nuevas facultades a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), quien podrá señalar cláusulas abusivas o acciones que se aparten de las sanas prácticas bancarias.

Al definir el documento, serán la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México las entidades que regularán los términos y condiciones de los servicios relacionados “con las redes de medios de disposición, así como las cuotas de intercambio y comisiones que se cobran directa o indirectamente”.

Los diputados no decidían el documento sobre el que trabajarían. Hace días, los integrantes de las comisiones, acordaron que a la iniciativa del Presidente se le incorporaría un adéndum con todas las propuestas de los grupos parlamentarios y sumaban más de 450 reservas.

Sin embargo, el documento con el que se pretendía trabajar este viernes, no incorporaba el adéndum, y el presidente de la Comisión de Hacienda decidió retirar el documento más reciente y regresar en el que trabajaron hace tres semanas. Sólo así se aceptó seguir la dictaminación.

Este dictamen, que se debatirá el próximo lunes y se pretende llevar al pleno el martes, obliga a los bancos a ser más transparentes en la oferta de sus productos y servicios, pero también busca agilizar los procesos de embargo y recuperación de garantías para quienes no paguen sus adeudos con una institución financiera.

Se pretende agilizar los trámites en los juicios mercantiles. Además, se acordó que para dar celeridad a los procedimientos las notificaciones se realicen al día siguiente de que se dicte la resolución correspondiente.

En el caso de la prenda sobre dinero, establece que cuando se pacte la transferencia de la propiedad del dinero y exista un incumplimiento del deudor, el acreedor conservará el efectivo hasta por la cantidad que se le adeuda, sin que exista un procedimiento judicial. También se reordenarán las disposiciones relativas al arraigo y secuestro de bienes para dar más claridad a la ley y dar mayor certeza jurídica a las partes en ejecución de estas medidas precautorias.

Se prevé que los acreedores tengan acceso a los bienes embargados para practicar avalúos a fin de probar la suficiencia de éstos para garantizar el pago de lo adeudado y se les otorgará también el derecho para señalar a aquellos sobre los que pueda recaer un embargo. Lo anterior, con el propósito de facilitar el cobro del crédito que esté reclamando.

En el dictamen se aprobaron mayores facultades de supervisión y regulación a las autoridades financieras, en particular a la Condusef, Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

En el caso de las mayores atribuciones a la Condusef, se incluye otorgar el carácter de título ejecutivo a los dictámenes que emita, cuando de un expediente de reclamación se desprenda que el cliente tiene la razón.