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El 29 de noviembre de 2012 se firmó por el Ejecutivo federal el decreto de la Reforma Laboral que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre. La propuesta de reforma se presentó por la administración federal sosteniendo que su aprobación modificaría la situación en la materia generando condiciones para el aumento de la productividad y la competitividad en el país. Además, sería posible el incremento en el empleo y, de forma destacada, brindar mayor equidad, protección y seguridad al trabajador. Incluso, declaraciones de funcionarios de agencias económicas multilaterales, como la OCDE, sostenían que con la reforma sería posible un incremento en el PIB del orden de 4%. Hasta la fecha nada de esto ha sucedido.

Las estimaciones y presentación de resultados preliminares sobre el comportamiento del PIB durante el 2013 por parte del Banco de México, la SHCP y el Inegi reducen sistemáticamente los resultados.

Empresas e instituciones privadas también han estado revisando a la baja el comportamiento del PIB. Tampoco se informan sobre resultados positivos en el campo de la productividad y menos aún en el de la competitividad de la economía de México.

Desde inicios de 2007 hasta mediados de 2010 la tasa de informalidad laboral creció desde el 57.4% de la población total ocupada hasta el 60.3%. En los meses y años siguientes se ha mantenido en torno al 60%. El crecimiento del PIB en una parte de esos años no ha modificado la situación. En el tercer trimestre de 2013 la informalidad laboral es del 59.1% del total de la población ocupada. La informalidad laboral o medición ampliada de la informalidad añade a la definición de trabajo informal sobre el que se informaba en encuestas y mediciones realizadas antes por Inegi las categorías de trabajo no protegido en la actividad agropecuaria, el servicio doméstico remunerado en los hogares, así como los trabajadores subordinados que reciben remuneración en unidades económicas formales que laboran bajo modalidades en las que se elude el registro ante la seguridad social. La informalidad laboral existe incluso en las grandes empresas.

Los datos reportados por Inegi para el tercer trimestre de 2013 dan cuenta que la población ocupada en el sector informal suma 13 millones 946 mil 457 personas, lo que representa una disminución de 3.6% con relación a la cantidad que se reporta en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la población informal ocupada en empresas, gobierno e instituciones tiene un ligero aumento con relación al año anterior y alcanza la cifra de 6 millones 938 mil 914 personas, lo que equivale al 49.8% de los que trabajan en el sector informal urbano.

Otras cifras sobre la composición de la ocupación dan cuenta de las precarias condiciones en que viven y laboran la mayor parte de la población del país. Por ejemplo, como se observa en la gráfica adjunta, los que laboran menos de 35 horas a la semana por razones ajenas a sus decisiones, sumados a los que trabajan más de 35 horas semanales con ingresos mensuales inferiores al salario mínimo y los que laboran más de 48 horas semanales ganando hasta dos salarios mínimos, que en conjunto son definidos como personas en condiciones críticas de ocupación, son el 12.2% de la población ocupada. Es una cifra superior a la reportada en el mismo periodo del año pasado. Igual sucede con la tasa de presión salarial que incluye a los desocupados más los ocupados que buscan empleos.

En resumen, no se observa la creación sostenida e importante de empleos formales. Menos aún una mejora en los ingresos de la mayor parte de los trabajadores. Lo característico de la economía en México es que gran parte de los ocupados laboran en pequeñas unidades económicas, en ausencia de progreso técnico y más de seguridad social. Pero además, en el espacio de las grandes unidades económicas crece el trabajo en el que se elude el registro ante la seguridad social. La flexibilización laboral que es uno de los resultados de la reforma aprobada a finales de 2012, propicia aún más la informalidad laboral en el ámbito de las grandes empresas. De esta manera no se logran incrementos sostenidos y amplios en la productividad de la economía y menos una disminución en la desigualdad social.

*Departamento de Economía Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa.