Durante el proceso presupuestario (desde que el Ejecutivo envió su proyecto hasta que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados), la atención pública se concentró en los montos, en los aumentos y las reducciones de cada secretaría o programa, y en los porcentajes en que se reparten los más de 4 billones 400 mil millones de pesos.

Pero más allá del monto, las decisiones plasmadas en el Presupuesto nos dicen mucho sobre el Estado mexicano y sobre nuestra clase política. La cifra engloba las prioridades del Estado mexicano, pero también las negociaciones entre políticos que intercambian votos por recursos. Sobre las prioridades: en el Presupuesto, el Ejecutivo federal y los diputados (prácticamente por unanimidad) nos dicen cuáles son los problemas fundamentales a atender y que requieren más dinero.

Los incrementos sustanciales en infraestructura y en comunicaciones reflejan la decisión que anunció hace meses el Presidente de la República de tener una inversión sustantivamente mayor en transporte e infraestructura. De igual forma, los incrementos en el rubro de educación se corresponden con las decisiones derivadas de la reforma educativa en marcha y que han significado no sólo nuevas normas, sino nuevas instituciones y obligaciones de gasto. Se pueden identificar también los primeros pasos (endebles e inciertos, sin duda) hacia la construcción o reforzamiento de instrumentos de seguridad social. En estos casos, como en otros, es claro que las decisiones presupuestales provienen de definiciones de política pública: el dinero está donde están las prioridades.

Pero el presupuesto también tiene un conjunto de recursos destinados no a prioridades que puedan identificarse con responsabilidades nuevas o decisiones cruciales, sino a arreglos que se derivan del toma y daca de la negociación presupuestal: Un fondo de capitalidad para un Jefe de Gobierno que lo solicitó al secretario de Hacienda. Otro fondo para que los diputados de la frontera norte puedan salvar cara frente a sus votantes tras aprobar el incremento al IVA en la región. Uno más para el sureste para que nadie vaya a pensar que hay trato desigual entre regiones. Y la lista sigue: un fondo para desastres, otro para pavimentos. Gracias a los incrementos en impuestos y a la autorización de más deuda, hay recursos para que todos obtengan algo.

Se trata de decisiones coyunturales, remiendos, que significan varios miles de millones de pesos, pero que no están sujetos a reglas de gasto y mecanismos de supervisión como las del resto del gasto público. La historia ya la conocemos: se crean fondos acotados (como en su momento el Fondo Metropolitano), que sin embargo se vuelven derechos adquiridos para el siguiente ciclo presupuestal. Y los que no se benefician de esos fondos comienzan a exigir ser parte de la repartición.

El Fondo Metropolitano ya no sólo destina dinero a metrópolis, sino a pequeñas ciudades con apenas un par de semáforos, pero con un diputado hábil que logra su inclusión en la lista de zonas metropolitanas. Algo similar ha ocurrido con el Fondo Regional: de un remiendo se ha convertido en una bolsa de dinero de la que todos quieren tomar parte. Y la Auditoría Superior nos dice año con año que ambos fondos son un área de opacidad (un eufemismo elegante para decirnos que las reglas son laxas, se gasta mal, que no se sabe para qué sirve ese gasto y que no pueden encontrarse responsables por ningún lado). A menos que se avance en la construcción de un régimen de rendición de cuentas efectivo.

Lo más probable es que, para la siguiente ronda, estos remiendos coyunturales se vuelvan parte integral del presupuesto, y que los gobernadores y los diputados pidan beneficiase también. Y a la hora de los recortes, las prioridades suelen sacrificarse antes que los remiendos.