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En el proceso de “redefinición” de la banca de fomento que acordaron los integrantes de las Comisiones Unidas de Hacienda y Justicia de la Cámara de Diputados, se convino dotar de las herramientas necesarias para que estas entidades amplíen el crédito a las empresas.

Sin embargo, en este proceso los bancos públicos deberán garantizar su sustentabilidad mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de sus recursos.

En el dictamen se establece la prohibición de que estos intermediarios aumenten su capital de “manera artificial” con operaciones cruzadas, pero, sí podrán invertir en proyectos de desarrollo.

“El mandato de la banca pública será otorgar préstamos a las personas físicas y morales que no tengan acceso a los créditos de la banca múltiple”, por lo que deberán prestar servicios complementarios a los que brindan otras instituciones privadas.

Se acordó también que será la Secretaría de Hacienda quien establecerá los límites de endeudamiento neto externo e interno de estas entidades.

Se convino permitir a los funcionarios y consejos directivos de estos bancos la formulación de programas de atención a sus sectores objetivo que impliquen incurrir en riesgos medibles y previsibles, así como en proyectos con mayores periodos de maduración, sin afectar la sustentabilidad en el mediano plazo.