WASHINGTON.— Un juez estadounidense aprobó la bancarrota de Detroit, la mayor de un municipio en la historia del país, con un fallo de repercusión nacional que pone fin a medio siglo de protección de las pensiones de los empleados públicos.

El juez Steven Rhodes afirmó que Detroit, otrora símbolo de la industria automovilística, puede encarar un plan de reestructuración de sus deudas, que suman unos 18 mil millones de dólares.

“Esta ciudad, otrora orgullosa y próspera, no puede pagar sus deudas” , dijo Rhodes. “Es insolvente. Y es elegible para la bancarrota. Ésta es, también, una oportunidad para iniciar de nuevo”.

Los sindicatos de empleados públicos y los grupos de jubilados habían cuestionado la bancarrota, declarada en julio pasado, con el argumento de que la Constitución del estado de Michigan, al que pertenece Detroit, no permite reducciones en los planes de pensiones.

Detroit, devastada económicamente por la Gran Recesión y las transformaciones en la industria automotriz, es la octava ciudad estadounidense que se ha declarado en bancarrota desde 2012.

Rhodes dictaminó que, siendo una bancarrota solicitada a un tribunal federal, no se aplica la ley de Michigan.

En una conferencia después del fallo judicial, el interventor municipal Kevin Orr exhortó a los sindicatos a que negocien las reformas, aun cuando éstos ya han tramitado una apelación.

El gobernador de Michigan, el republicano Rick Snyder, designó a Orr en marzo para que interviniera el municipio después de más de un año de negociaciones con los gobernantes elegidos de la ciudad en procura de resolver la crisis financiera.

Cuatro meses después Orr, abogado especialista en bancarrotas, presentó la solicitud de Detroit para acogerse a la bancarrota. Orr dijo que anunciará la primera semana de enero un plan de reorganización financiera. (EFE)