La empresa Cemex se ha convertido en protagonista de una polémica en España que ha provocado la dimisión de varios miembros de la Agencia Tributaria, un organismo público que se encarga de la gestión de los impuestos, e incluso la petición al gobierno que preside Mariano Rajoy de que comparezca en el Parlamento su ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para dar explicaciones.

El origen de lo ocurrido se remonta al 7 de julio de 2011, día en que se le abrió a la cementera mexicana, la tercera del mundo, un acta de inspección millonaria por haber dejado de pagar los impuestos que le correspondían en ejercicios anteriores.

La cementera entonces presentó alegaciones en un recurso de reposición contra la sanción, pero éste fue rechazado por Dolores Linares, jefa de la oficina técnica de Inspección Financiera y Tributaria, en contra de los criterios de la Agencia Tributaria.

La semana pasada, Linares fue destituida de manera fulminante.

La dirección de la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda justificaron su despido alegando que es un cargo de libre designación y que se producía en medio de una reestructuración en su departamento tras la llegada del nuevo director general, Santiago Menéndez, que lleva cuatro meses en el cargo.

Sin embargo, se especula con que la decisión se debió a presiones políticas a favor de la cementera, ya que ha mostrado su voluntad de convertir España, un país que no hay que olvidar vive una grave crisis económica, en su centro de exportación en Europa.

Su destitución provocó además la dimisión del jefe de la delegación central de Grandes Contribuyentes, Ignacio de Ucelay, jefe inmediato de Linares, y la de otras dos personas, quienes quisieron con ello mostrar su apoyo a la trabajadora.

Ayer el secretario general de técnicos de Hacienda, José María Mollinedo, exigió al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y al director de la Agencia Tributaria, Santiago Menéndez, que aclaren lo sucedido.

Incluso, denunció el hecho de que algunos asesores que tomaron parte en la inspección de Cemex habían trabajado con Montoro antes de que fuera nombrado ministro.

"Esta cuestión es la que debe dilucidarse para despejar dudas de que no existió en este asunto una inferencia política sino que simplemente estamos tratando de un debate jurídico", dijo.

Asimismo el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) presentará una iniciativa parlamentaria para pedir explicaciones al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por la destitución.

"Nos preocupa la intromisión política en la Agencia Tributaria", dijo ayer el diputado socialista Pedro Saura, quien recordó que en los dos años que lleva gobernando Mariano Rajoy (PP) se han producido más de 300 relevos de cargos de libre designación.

También la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda (IHE), que es la organización mayoritaria en el sector, denunció "la intromisión de criterios ajenos a los técnicos" y la "gravedad de traspasar una línea roja", en un comunicado interno enviado a sus trabajadores.

En su opinión, "la causa del cese parece radicar en la firma de un acuerdo, mediante el que se resolvía un recurso de reposición contra una sanción tributaria derivada de un acta de disconformidad, el cual se produce en contra de las instrucciones dadas por la delegación central de grandes contribuyentes".

Y añade que "la desestimación del recurso de reposición se fundamentó en que el obligado tributario no alegó ninguna cuestión que no hubiera sido alegada previamente durante la tramitación del expediente recurrido".

Cemex facturó el año pasado 8 mil 794 millones de euros frente a los 8 mil 54 millones de euros del año anterior y presentó unas pérdidas de mil 262 millones de euros. Solo los gastos financieros ascendieron a 656 millones de euros. Un 15 por ciento más que el año anterior.

La empresa centraliza en la matriz radicada en España sus operaciones con las filiales repartidas por todo el mundo.

Además, aquí tiene ocho plantas cementeras, 98 plantas de concreto y 21 centros de distribución y terminales marítimas. Según datos de los sindicatos, hace unos tres años tenía 3 mil trabajadores pero tras los siete despidos colectivos que se han producido ahora sólo cuenta con 800, a quienes se les ha planteado bajar el salario un 25 por ciento para mantener la actividad.

El estallido de la burbuja inmobiliaria ha reducido enormemente la demanda de cemento en España.