GUADALAJARA. El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) Capítulo México, en su fallo de la Pre audiencia “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad”, consideró que el Estado Mexicano viola los tratados internacionales y la legislación nacional que protegen los derechos de poblaciones afectadas por la construcción de presas.

El tribunal de carácter ético contó con un jurado de siete especialistas internacionales y nacionales que se reunieron el 5 y 6 de noviembre en la comunidad de Temacapulín, Jalisco, para escuchar los casos de ocho comunidades de cinco estados que sufren desplazamientos y despojos por la edificación de presas.

Los jueces de Brasil, Canadá, India, Estados Unidos y México llamaron al gobierno mexicano a cancelar la construcción de las presas El Zapotillo, en Jalisco; Paso de la Reina, en Veracruz; La Parota, en Guerrero; Las Cruces, en Nayarit, y El Naranjal, en Veracruz.

El juez Miloon Kothari, quien fue el primer relator de la ONU sobre el derecho a la vivienda (2000-2008), puntualizó que en dichas comunidades se violó “sus derecho a la información, la consulta y el consentimiento libre e informado”.

El fallo, que esta mañana será entregado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también pide al gobierno mexicano que indemnice a las comunidades mencionadas, así como a otros afectados por las presas edificadas en Arcediano, Jalisco, El Cajón, en Nayarit, y Cerro de Oro, en Oaxaca.

Kothari explicó que en calidad de relator visitó México en 2003 y entonces alertó al gobierno sobre la urgencia de detener desalojos y crear políticas y legislación a favor de los pueblos impactados por las obras.

Sin embargo, el escenario que ahora encontró es desolador: “al escuchar los testimonios sentí tristeza porque ni antes, ni durante, ni después de los desalojos se respetaron los derechos humanos de los pobladores”.

El académico brasileño Carlos Vainer, asesor del Movimiento de Afectados por Represas en Brasil, el más antiguo de Latinoamérica, dijo que hay un patrón de despojo de los territorios de las comunidades en México y en el mundo.

“La base es el desprecio a poblaciones afectadas y a sus medios de vida”.

Los gobiernos tienen la responsabilidad de implementar alternativas para dotar de agua a las urbes, enfatizó en su intervención la canadiense Maude Barlow, quien fue asesora principal sobre el agua del presidente número 63 de la ONU.

“Se puede captar agua de lluvia, cuidar la que se tiene, hacer pequeñas presas, reparar infraestructuras”.