TEMACAPULÍN. En México, más de 185 mil personas han sufrido desplazamiento forzoso por la construcción de presas, dijo la investigadora Mónica Olvera durante la primera sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) que se realiza el 5 y 6 de noviembre en Temacapulín, Jalisco.

En el foro en el que ocho comunidades de cinco estados del país exponen sus casos contra la construcción de hidroeléctricas ante un jurado de especialistas internacionales y nacionales, Olvera precisó que dicha cifra debe ser mayor porque hay casos en los que sólo se registra “el número de familias o de pueblos anegados”.

En la primera sesión del TPP que realiza juicios simbólicos a Estados que cometen violaciones a derechos de lesa humanidad, representantes del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, Oaxaca, exigieron la cancelación del proyecto de la presa hidroeléctrica Paso de la Reina.

En la preaudiencia titulada “Presas, Derechos de los Pueblos e Impunidad”, Ana María García externó a nombre del Consejo que más de 100 mil habitantes mixtecos, chatinos, afromexicanos y mestizos dedicados al campo y la pesca serán afectados.

“Este proyecto violenta los derechos agrarios, políticos, culturales, indígenas y de no acceso a la información pública”, explicó a miembros del jurado originarios de Brasil, Estados Unidos, Canadá, India y México.

Agregó que pobladores de seis municipios se organizaron desde 2007 para impedir que se erija la presa que destruirá 2 mil 400 hectáreas y que tendrá un costo de mil 100 millones de dólares.

El brasileño Carlos Vainer, miembro del jurado y asesor del Movimiento de Afectados por Represas en Brasil, la más antigua organización de su tipo en Latinoamérica, precisó que el caso del Paso de la Reina no es excepcional.

“Se trata de un proceso de genocidio que se reproduce de forma dramática en otros lugares de América Latina, pero que en este caso además viola derechos indígenas y de la propiedad comunal y ejidal”, dijo.

La afromexicana Julia Hernández, de Pinotepa Nacional, manifestó la dimensión de los daños, pues la presa acabaría no sólo con su sustento y la vida sociocultural de la región sino con la flora y fauna del río Verde, “por lo que estamos indignados”.

En la primera sesión del TPP, en Roma, se expusieron los casos comunitarios contra las presas La Parota en Guerrero, Las Cruces en Nayarit y El Naranjal en Veracruz.

Hoy el TPP escuchará testimonios de pobladores contra las presas Arcediano y El Zapotillo en Jalisco, El Cajón en Nayarit, y la de Cerro de Oro en Oaxaca. El 8 de noviembre el jurado sesionará y hará público su veredicto preliminar. Un día después lo entregará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.