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LA PAZ.- La llamada “fiebre de oro” que se extiende en América Latina, que ha motivado conflictos en las comunidades aledañas a las minas, ha encendido “focos rojos” ahora en Baja California Sur, y despertado el interés de cientos de ciudadanos, especialistas y ambientalistas que encabezan una férrea oposición a las intenciones de compañías canadienses de explotar el mineral en la entidad, en una zona protegida por su alto valor ecológico.

De acuerdo con el panorama minero del estado, publicado en julio de 2011 por el Servicio Geológico Mexicano, hasta el año 2010 se tiene un registro de 163 concesiones mineras tituladas, que abarcan una superficie de 528 mil 156 hectáreas, cifra que representa 6.20% de la superficie estatal.

En la región sur del estado están los principales yacimientos de oro y plata, que en la actualidad pretenden aprovechar compañías mineras, en su mayoría extranjeras. El documento refiere que cinco proyectos hacen exploraciones con fines de explotación de oro. Se trata de La Trinidad, en Los Cabos; El Triunfo-Valle Perdido y San Antonio-Las Colinas, ambos en La Paz y a cargo de la empresa Pediment Exploration; Trini, de la compañía minera La Pitalla, y Paredones Amarillos (actualmente Los Cardones), de las compañías Vista Gold (aliada recientemente con Invecture Group).

Dos proyectos provocaron una oleada de críticas, porque buscan ya los permisos para comenzar operaciones. Se trata de San Antonio (compañía La Pitalla-Argonaut Gold) y Paredones Amarillos/Los Cardones (Vista Gold-Invecture Group), ambos de capital canadiense.

Los cuestionamientos se centran en el riesgo de contaminación del acuífero debido a los desechos tóxicos, además del daño a la salud y a las actividades económicas en la zona (agricultura y turismo), sobre todo por ubicarse en la Sierra de la Laguna, una región protegida por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), considerada pulmón de Baja California Sur, un sitio de captación y recarga de agua en esta zona desértica.

Rechazo mayoritario

El proyecto San Antonio busca operar una mina de oro en la zona de Los Planes, a 40 kilómetros al sureste de La Paz. Planea extraer 38 toneladas de oro durante 10 años de vida útil de la mina, excavando hasta conseguir un tajo de 62 hectáreas, dimensiones equivalentes a 54 cuadras que componen el centro de la ciudad de La Paz, o bien 84 canchas de futbol.

La compañía expuso su proyecto en una reunión pública celebrada en febrero de este año y enfrentó el rechazo mayoritario de la comunidad de La Paz y Los Cabos, así como del Consejo Consultivo para el Desarrollo Sustentable del estado, órgano de consulta de la Semarnat para la participación ciudadana.

En agosto pasado, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) negó la autorización de impacto ambiental, pues las actividades mineras son incompatibles con el Plan de Desarrollo Urbano de La Paz, que considera sólo actividades turísticas y agrícolas.

Tercer intento

La compañía Vista Gold, en conjunto con Invecture Group, insiste en operar una mina de oro (Los Cardones), en las localidades de El Triunfo y San Antonio (cerca del proyecto anterior), en la zona de amortiguamiento de la Sierra de la Laguna, 57 kilómetros al sur de La Paz.

Con la propuesta de extraer 41 toneladas de oro, en septiembre solicitó la autorización de impacto ambiental, pues la conseguida desde 1997, cuando pertenecía a Echo Bay, venció en junio pasado.

Esta es la tercera ocasión en que la empresa plantea su proyecto. La primera fue en 2009, bajo el nombre de Paredones Amarillos, pero le fue negado el cambio de uso de suelo. En 2010 volvieron como Concordia, sin embargo, venció su autorización de impacto ambiental. En septiembre de este año se presentaron como Los Cardones.

La Semarnat evalúa su manifestación de impacto ambiental (MIA). Como parte del trámite, el 25 de octubre se hizo una reunión pública de información, en la que participaron poco más de 500 personas con medio centenar de ponencias, de las cuales al menos 80% fueron en contra.

Críticas y riesgos

Especialistas en geohidrología, ecosistemas marinos, geología, entre otras áreas, dijeron que hay varios riesgos; las críticas son similares al proyecto San Antonio.

En una carta enviada a la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, el investigador Ezequiel Ezcurra, presidente del Consejo de Áreas Protegidas y director del Instituto para México y los Estados Unidos, indicó que por tratarse de una zona sísmica hay un “riesgo elevado” para la seguridad estructural e hídrica del proyecto.

Agregó que ante el riesgo de eventos climáticos extremos, el diseño de la presa de jales no es suficientemente robusto para prevenir un desborde. Además, el impacto regional del sistema de abasto de agua dulce no ha sido incorporado y la restauración del sitio que se plantea al cierre de la mina no está garantizada. Por lo tanto, solicitó que el proyecto sea rechazado, “por el riesgo que representa para los ecosistemas regionales en general y para la Reserva de la Biosfera de la Sierra de la Laguna en particular”.

Mario Sánchez, abogado del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), afirma que Los Cardones “viola la Ley General de Equilibrio y Protección al Ambiente (LGEPA) y el Programa de manejo de la Reserva, que prohíben actividades contaminantes y residuos peligrosos en la zona”.

A su vez, Arturo Cruz Falcón, especialista en geohidrología del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, indicó que, aunque no será de forma inmediata, de existir derrames de metales y sustancias tóxicas “se infiltrarán y contaminarán los acuíferos”.

“Las rocas en esta zona están fracturadas, porque hay fallas geológicas. El agua de lluvias se infiltra, por eso es una zona de captación. El problema es que los desechos de la mina serán arrastrados por el agua de lluvia; las presas de jales van a tener una ruptura con el tiempo y el agua se va a infiltrar en este tipo de roca y llegará al acuífero”, explicó.

Para la investigadora Concepción Lora Vilchis, del mismo centro, la desalinizadora que la empresa pretende construir en Las Playitas (en el pueblo mágico Todos Santos) para obtener el agua dulce requerida traería afectaciones al ambiente marino y un alto costo energético.

Consideró que consumirá 30 millones de kilowatts por hora, para lo que serán necesarios 5 millones de litros de petróleo, el equivalente al consumo aproximado de 6 mil familias. La Comisión Federal de Electricidad, afirmó, “tendrá que hacerle frente a ello con infraestructura. Este consumo incrementará la producción de gases de efecto invernadero”.

A lo anterior, se suman las voces de agricultores, especialmente de Los Planes y Todos Santos, municipio de La Paz, que temen una posible contaminación con polvos tóxicos de sus productos para exportación, como chiles, tomates y espárragos, entre otros cultivos.

“En el valle de Los Planes tenemos una superficie de hasta 650 hectáreas de cultivos, que llegan a generar una producción total de 7 mil 445 toneladas y representan el sustento para nuestra comunidad. La mina amenazaría la actividad agrícola, por el riesgo de contaminación con polvos tóxicos. El proyecto no es viable, rentable, ni sustentable”, comentó Andrés Rochín, ingeniero agrónomo de la localidad de Los Planes.

Exigen empleo

Luego de las presiones de ciudadanos y ambientalistas, el gobierno del estado se sumó a la postura en contra.

El secretario de Promoción y Desarrollo Económico, Joel Ávila Aguilar, sostuvo que el proyecto “no se vincula con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2015, presenta inconsistencias y omisiones sobre el turismo, agua, agricultura orgánica, población e impacto ambiental”.

Solicitó a la empresa estudios sobre afectación a acuíferos, consumo energético de la desalinizadora y demás impactos ambientales generados por la salmuera, así como estudios técnicos de material geológico y de riesgo para la presa de jales, ante la sismicidad en la zona.

Anteriormente, Ávila Aguilar afirmó que el sur de la entidad tiene una “vocación eminentemente turística”, por lo que rechazó cualquier proyecto que ponga en riesgo esa actividad económica, así como los recursos naturales y la salud de los sudcalifornianos.

Desde el año 2009, con las primeras noticias de las pretensiones mineras al sur de la península, diversos grupos de la sociedad civil se han organizado en un amplio frente opositor que incluye a estudiantes, científicos, profesores, empresarios y ambientalistas.

Sin embargo, al mismo tiempo, habitantes de los pequeños poblados en la zona en que pretenden operar las mineras, como San Antonio y El Triunfo —antiguos pueblos mineros— se han reunido con autoridades y, frente a la escasez de empleo, han exigido que permitan la operación de las compañías.