La desaparición del arraigo en el estado de Chiapas es motivo de celebración. Acaba con una muy cuestionable práctica que ha tratado de tomar carta de naturaleza en nuestro sistema de justicia penal. Rompe con el mito de pensar que el arraigo es una herramienta indispensable para la investigación de los delitos.

“Está usted detenido. No le puedo decir con claridad por qué. Esté usted seguro de que es un delito grave. No tenemos pruebas en su contra. En realidad, tenemos muy poco para involucrarlo, sin embargo, tememos que se pueda fugar. En consecuencia, lo vamos a arraigar. Estará usted 40 días en unas instalaciones que hemos acondicionado para personas como usted. Si hace falta más tiempo, podemos prorrogar la medida por otros 40 días. Mientras tanto haremos un esfuerzo por encontrar pruebas que nos permitan acusarlo por la comisión de un delito.”

El anterior fraseo le puede ocurrir a cualquier persona en el país. El arraigo implica la privación de la libertad de una persona mientras se le investiga para determinar si ha hecho algo. No hay lugar para eufemismos como el que sugirió la Suprema Corte de Justicia al caracterizar al arraigo como una afectación a la libertad de tránsito. Tampoco debe tranquilizarnos que el arraigo únicamente proceda por orden judicial. Desde el punto de vista técnico, obtener un arraigo no representa mayores complicaciones.

Quienes defienden el arraigo lo justifican a la luz de las dificultades que tienen los ministerios públicos para hacer investigaciones criminales de calidad. “Como no sabemos investigar, entonces empleemos esta medida arbitraria, total, es contra los malos.” El problema es que ellos definen quienes son los malos. Si se equivocan, ni la disculpa, deje usted la indemnización por el encierro y la afectación a su reputación. En otros casos se emplea porque las fuerzas de seguridad han violado diversos derechos de los detenidos y no es posible usar la información que obtuvieron por estar viciada. Piense usted en el ingreso a un domicilio sin orden de cateo o en las escuchas telefónicas ilegales. ¿Y cuándo van a aprender a hacer las cosas bien?

La oposición al arraigo no es producto de una reflexión ingenua de idealistas. En un Estado Constitucional hay que tomarse los derechos en serio. No hay contradicción entre el respeto a los derechos de las personas y la persecución penal. Cualquier democracia entiende esto. En realidad los ingenuos son otros. Son aquellos que piensan que el arraigo, el maltrato a los detenidos y la operación arbitraria de nuestras fuerzas de seguridad nos van a sacar de la crisis. Eso tiene un impacto más dañino sobre nuestro Estado Constitucional.

Desde luego que existe interés en que se encuentre a los delincuentes y se les acuse exitosamente ante los jueces. México no es el único país que enfrenta problemas de seguridad pública. Sí es de los pocos que acepta e incluso abusa en el empleo de instituciones como el arraigo. El arraigo es un espejismo. Nos da la sensación de que algo resuelve. En el fondo, deja las cosas igual. Sí es posible investigar y obtener resultados sin necesidad de afectar derechos. Los chiapanecos así lo entendieron. Felicidades para ellos.

División de Estudios Jurídicos, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)