TLAXCALA

Elementos de la Policía Federal Preventiva aprehendieron a 88 agentes del estado y a tres civiles que mantenían un “plantón” frente al Palacio de Gobierno en demanda de mejoras salariales. Los detenidos están acusados de los presuntos delitos de robo y coalición de funcionarios.

Además, unos 300 elementos de la Policía Federal apoyarán en las labores de vigilancia en la entidad, mientras se restablece el orden en la Policía Estatal, después de la protesta que encabezó una comisión de 250 uniformados de los 2 mil 500 elementos que conforman la corporación.

El secretario de Gobierno de Tlaxcala, Noé Rodríguez Roldán, informó que se decidió el desalojo de los inconformes porque no mostraron disposición alguna para negociar sus demandas de homologación de sueldo con uniformados del centro del país, el pago de aguinaldo a 90 días y mejorar de las prestaciones.

En el cuarto día de manifestaciones, el gobierno de Tlaxcala llamó a la tolerancia y diálogo, pero lo condicionó sólo si se cambiaba de comisión negociadora, luego de que el pasado martes por la noche la SSPE cesó a los integrantes de la delegación por presuntos actos ilegales.

Rodríguez Roldán culpó al ex gobernador Héctor Ortiz Ortiz de este movimiento y de no prever la situación a través del presupuesto para seguridad, donde debieron haberse dejado suficientes recursos para el pago de los agentes. Explicó que el gobierno del estado ha dado respuesta puntual a los requisitos hechos en su pliego petitorio entregado el pasado 21 de abril.

Ratifican apertura a negociaciones

Reiteramos que “sí al diálogo, pero dentro del marco de derecho”, advirtió el encargado de la política interna, no obstante, señaló que las instituciones no serán utilizadas para reprimir ni perseguir a la ciudadanía, en alusión a la muerte del policía Carlos Gómez Sánchez.

El funcionario estatal pidió al Congreso local que se solidaricen por el bien de Tlaxcala, ya que sólo 10% de los policías se han manifestado porque obedecen a otros intereses, y no pongan en riesgo a las instituciones ni dejen de prestar el servicio a la ciudadanía.

El encargado del despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Rubén Santacruz Caltempa, fue tajante al señalar que los uniformador no tienen derechos a la manifestación ni a la asociación, de ahí que sean acusados y posiblemente cesados por actuación en contra de las instituciones gubernamentales.

En conferencia de prensa conjunta con Alicia Fragoso, titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado, el funcionario expresó que los agentes federales realizaron un operativo para recuperar la sede de la Secretaría de Seguridad local, que fueron ocupadas por elementos inconformes.

“Los agentes de la Secretaría de Seguridad Pública federal estarán aquí el tiempo necesario; son más de 300 elementos”, indicó la funcionaria.

La fiscal informó que la PGJE abrió la averiguación previa 480/2011/TLAX-5, luego de que Rubén Santacruz Caltempa presentara una denuncia en agravio de la sociedad por el delito de coalición y los que resulten en contra de los elementos.

La abogada destacó que el operativo sorpresa fue coordinado por el gobierno federal y estatal. Aseguró que no hubo policías lesionados ni personas afectadas, ya que a todos se les han respetado sus derechos humanos.