CIUDAD DE MÉXICO

Comunidades desiertas, enfrentamientos negados por autoridades estatales, confrontación de cifras sobre el número de muertos, cadáveres que se quedan por días en la serranía y pueblos incendiados son las escenas de la violencia en Durango.

No puede hablarse de una disputa entre dos cárteles, porque los nombres de éstos varían de acuerdo con la región: en La Laguna el pleito es entre Sinaloa y Los Zetas, en la capital se suma el nombre de los Beltrán Leyva, en el norte y en la zona de las Quebradas la lucha es entre Sinaloa y La Línea.

Esta mezcla de denominaciones de quienes se disputan el trasiego, la distribución y el comercio de la mariguana, la amapola y el ice —droga sintética— provoca enfrentamientos, retenes falsos y desde hace dos años tierras deshabitadas a punta de fusilamientos o de ataques a ráfagas contra viviendas, escuelas y animales.

Santa Gertrudis fue la primera comunidad amenazada por un grupo armado. El 12 de diciembre de 2008, delincuentes juntaron a los hombres en la plazoleta comunitaria y seleccionaron a seis, a quienes corretearon con disparos por la espalda. Los sobrevivientes al fusilamiento de sus familiares tenían tres días para irse del pueblo y no tener la misma suerte.

Los habitantes serranos de La Lagunita, El Coscate y El Campamento, del municipio de Pueblo Nuevo, fueron los siguientes amenazados por uno de los grupos que se disputan esas barrancas. El 9 de agosto, un centenar de mujeres, niños y ancianos emprendió el éxodo a El Salto —cabecera municipal de esa demarcación—. Los hombres decidieron quedarse a enfrentar la sentencia.

Hasta ese momento, los presuntos narcotraficantes sólo se habían ido contra mestizos, pero justo el 28 de diciembre del año pasado, los comuneros tepehuanos de Tierras Coloradas, en El Mezquital, se resguardaron de los hombres armados que llegaron a incendiar 37 viviendas, dos escuelas, vehículos y la tienda Diconsa.

Les quemaron hasta el equipo de radiocomunicación de las autoridades civiles de ese lugar, así que pasaron 13 días para que autoridades municipales y estatales llegaran a atenderlos. Mientras, vivieron a la intemperie.

El último de los ataques ocurrió la mañana del pasado 24 de febrero, en la localidad de Benito Juárez, municipio de Nuevo Ideal. “Los malos”, como les dice la gente, rafaguearon viviendas, quemaron vehículos y dispararon a los caballos. La Fiscalía General negó los hechos, pero el comandante de la Décima Zona Militar, Germán Javier Jiménez Mendoza, confirmó el ataque.

Cadena de “levantones”

A las agresiones contra la población civil anteceden los levantones o secuestros de algunos pobladores, como ocurrió en Nuevo Ideal, donde a finales del año pasado se llevaron a 10 jóvenes, de quienes sus padres hasta la fecha desconocen su paradero y la Fiscalía General sostiene no tener reporte.

Durango es el segundo estado con mayor número de secuestros, 82 en el último año, según las estadísticas nacionales. Ahí se secuestra o levanta por igual a quienes tienen dinero o a quienes no lo tienen. Y la negociación con los plagiarios no siempre da frutos, muestra de ello es que el ganadero Javier Saravia y el empresario forestal Arturo Pérez Gavilán aparecieron muertos en enero de este año, lo que provocó el reclamo de seguridad de parte del presidente del sector privado empresarial, Jaime Gutiérrez.

Los ataques a los presidentes municipales también han sido una constante en los últimos cinco años. El saldo no distingue extracción política ni ubicación geográfica con la muerte de los ediles de Ocampo, Luis Carlos Ramírez; de Otáez, Claudio Reyes; de El Mezquital, Manuel Estrada, y de San Bernardo, Jaime Lozoya Ávila.

Manuel Angulo Torres, de Topia, y Alfonso Peña Peña, de Tepehuanes, fueron levantados sin que hasta ahora hayan sido localizados.

Maestros bilingües amenazados

La primera quincena de diciembre del año pasado, los niños de la comunidad de San Francisco de Ocotán, del municipio de El Mezquital, se quedaron sin clases. El motivo: los maestros bilingües demandaron garantías para trabajar y algunos ante las amenazas decidieron pedir su cambio.

El secretario de Educación, Jorge Herrera Delgado, sostuvo que el asunto quedó resuelto mediante una mesa de trabajo, y desde enero pasado las clases se regularizaron. Esa dependencia pidió a la Secretaría de Seguridad Pública estatal reforzar la vigilancia en la zona serrana, al sur de la capital.

El saldo penitenciario

El incremento del número de reclusos por delitos del fuero federal en el Centro de Readaptación Social (Cereso) número 2 de Gómez Palacio y en el número 1 de la capital duranguense ha ocasionado riñas colectivas con un saldo de 72 muertos en los últimos tres años.

El caso de corrupción más grave ocurrió justo en el penal de Gómez Palacio el 22 de julio de 2010, cuando a través de un video en internet, un policía de la ciudad de Lerdo reveló que la directora de la cárcel, Margarita Rojas Rodríguez, le permitía a Daniel Gabriel, El Delta, sacar a un grupo de internos por las noches para ir a Torreón, Coahuila, a realizar matanzas de personas contrarias al cártel de Sinaloa, con vehículos y armamento oficiales.

La funcionaria —declarada la mujer del año 2010 por el ex gobernador de Durango, Ismael Hernández Deras— fue encarcelada luego de estar 40 días bajo arraigo.

Lerdo y Gómez Palacio son demarcaciones en las que durante los últimos cinco años las ejecuciones múltiples, las agresiones a inmuebles policiacos estatales y municipales, y los levantones se han vuelto escenas cotidianas. De ahí que Gómez Palacio, de acuerdo con las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentadas hace unas semanas, es el segundo sitio más violento del país mientras que Durango capital se ubica en el décimo lugar.

El silencio de la Fiscalía

Pese a la situación de violencia, los enfrentamientos en las regiones serranas más alejadas de la capital se vuelven irregistrables en los datos oficiales, porque son negados por la Fiscalía General.

Ayer, en la comunidad de Las Bayas hubo un tiroteo que fue confirmado por un funcionario, pero rechazó dar su nombre, “porque los de la Fiscalía se enojan y no quieren que digamos cuánto duró, ni cuántos muertos ni nada”. En ese enfrentamiento, de acuerdo con la versión, cada bando recogió a sus muertos, de ahí que no hay registro para la estadística de esta guerra.