CUERNAVACA

En una acción de vanguardia en el contexto de la reforma al sistema de justicia penal, el gobierno de Morelos fundará hoy la primera Unidad de Medidas Cautelares para Adolescentes (Umeca) del país, cuyo equipo brindará información sobre el estado social y ambiental de cada adolescente, para que las partes, a su vez, la utilicen en la audiencia de medidas precautorias y el juez decida sobre las sanciones más apropiadas en cada caso.

La institución de carácter administrativo, que depende de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, se basará en el pilar de la presunción de inocencia para realizar una investigación previa del adolescente detenido por la imputación de algún delito y ofrecerá los elementos para acreditar si reúne las características de arraigo y así enfrentar el proceso sin ser enviado a prisión preventiva, dijo Myrna Álvarez, secretaria técnica de Enlace para Asuntos de Justicia del gobierno morelense.

En caso de calificar como procedente de arraigo, la Umeca dará seguimiento puntual al adolescente hasta la conclusión de su proceso, incluso sus integrantes serán responsables de llamar por teléfono a los imputados para recordarles de su cita ante el juez de garantías o de juicio oral, precisó José Manuel Serrano Salmerón, fiscal especializado para Adolescentes de la Procuraduría de Justicia de Morelos.

La magistrada del Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Ana Virinia Pérez Guëmes y Ocampo, expuso que esta herramienta judicial es una innovación nacional e internacional, porque ni siquiera lo tiene el país de Chile, considerado como vanguardia en el tema del nuevo sistema de justicia penal para Latinoamérica.

Desde 2008, Morelos aplica el nuevo sistema de justicia penal para adolescentes y a partir de esa fecha coordinó la creación de la Umeca con la asistencia técnica del Proyecto Presunción de Inocencia en México —de Open Society Justice Initiative y el Instituto para la Seguridad y la Democracia, cuyos organismos colaboran en el diseño de políticas públicas para buscar mayor equidad en los sistemas políticos, jurídicos y económicos, además de salvaguardar los derechos fundamentales.

Plantean juicios en libertad

Open Society divulgó en su sitio de internet que la Umeca además mantendrá activa una red de instituciones gubernamentales y no gubernamentales para brindar programas de seguimiento en libertad a los adolescentes.

Citó que “en este momento 92 mil personas a lo largo del país están en prisión preventiva con todo lo que implica en gasto público y cárceles sobrepobladas, gobernadas por la corrupción y la violencia. Miles de esos mexicanos podrían seguir su juicio en libertad, pero el sistema de justicia aún imperante carece de los programas y servicios de evaluación y supervisión adecuados para la aplicación de medidas cautelares diferentes a la privativa de la libertad”.

El juez de garantía y juicio oral para adolescentes, José Luis Jaimes Olmos, abundó que de acuerdo con la reforma al sistema de justicia penal y los tratados internacionales, la prisión preventiva debe ser considerada como una excepción. “Pero ahora con la colaboración de la Umeca podremos determinar las medidas cautelares basadas en un plano demostrativo y no argumentativo, como se venía realizando”.

Explicó que en reiterados asuntos el fiscal solicita la prisión preventiva para evitar que los adolescentes imputados se sustraigan de la acción de la justicia, pero ahora los jueces podrán valorar los datos como el arraigo del menor en el estado, el asiento de su familia, sus actividades académicas y laborales, y con ellos determinar la imposición de medidas cautelares alternas.

Sin embargo, el fiscal Manuel Serrano, especializado en justicia para adolescentes, advirtió que se empeñará en solicitar prisión preventiva para los adolescentes imputados de delitos como secuestro, delincuencia organizada, narcomenudeo con fines de comercio, transportación de droga, homicidio doloso y violación sexual, “porque se trata de conductas graves que laceran a la sociedad”.

Informó que desde 2008 se registra diario la detención de al menos un menor, aunque sólo 50% llega a la judicialización, porque cometieron conductas graves o porque no depositaron la garantía. De esos 15 adolescentes procesado en promedio al mes, siete son candidatos a enfrentar prisión preventiva con detención provisional.

De acuerdo con el juez José Luis Jaimes, la cifra se reduce en la instrumentación del proceso porque algunos llegan al acuerdo reparatorio. Precisó que desde la creación del TUJA, en 2008, se registraron 99 asuntos, 150 en 2009 y 220 en 2010. El incremento tiene su base en que antes las corporaciones policiales desconocían el nuevo sistema y los adolescentes infractores eran enviados al juez cívico.

Jaimes afirmó que la Umeca no suplirá la función de los jueces del TUJA, pero sí allanará el camino del fiscal en aquellos asuntos en los que se detenga por flagrancia a un adolescente, y para ello tendrá un plazo de 36 horas —término constitucional de retención para los menores— para realizar la investigación de campo.

La acreditación del arraigo funcionará para todos los adolescentes detenidos en flagrancia en la comisión de cualquier conducta antisocial.