CHIHUAHUA

La Fiscalía de Chihuahua defendió la actuación del Ministerio Público en el juicio del presunto homicida Sergio Barraza y señaló que no están sujetos a investigación.

Los jueces que llevaron el caso del asesinato de la joven Rubí Frayre Escobedo aseguraron que emitieron una sentencia absolutoria en favor de Barraza, presunto homicida, porque el Ministerio Público no aportó las pruebas suficientes.

Con la postura de la dependencia ya son tres apreciaciones diferentes sobre la forma en que se desarrolló la acusación en el proceso penal por el homicidio de Rubí Frayre.

Mientras la fiscalía los defiende y asegura que no están sujetos a investigación, la Consejería Jurídica informó que sí se les investiga y en caso de encontrar alguna responsabilidad se procederá en consecuencia; los jueces Rafael Boudid, Catalina Ochoa y Nezahualcóyotl Zúñiga le atribuyen a los ministerios toda la culpa por la liberación de Barraza.

El vocero de la Fiscalía General, Carlos González, dio a conocer que la Fiscalía de Control Interno, Análisis y Evaluación de manera permanente revisa la actuación de los elementos de las diversas áreas y en ese seguimiento no se encontraron fundamentos para suponer un indebido ejercicio de funciones, ni irregularidades en la integración del expediente.

Por lo anterior, no fue necesario abrir una investigación, ni tampoco se les aplicó algún tipo de sanción administrativa o de otra índole.

El portavoz explicó que a los jueces se les presentaron elementos bien acreditados y fueron éstos los que los desecharon indebidamente, tan es así, dijo, que en la segunda instancia el Tribunal de Casación validó las pruebas y fijó una condena de 50 años a Barraza.

Elementos para sancionar

El titular de la Consejería Jurídica del Gobierno Estatal —es decir, el abogado de la administración local— Mario Trevizo Salazar, declaró que sí existe una investigación y que sin duda se les sancionará si hay elementos para ello.

“Después de revisar con claridad a cada agente, será la misma fiscalía de Análisis y Evaluación quien finque responsabilidades a cada implicado causante de haber expedido un expediente mal documentado que permitió la liberación de Sergio Barraza”.

Los tres jueces ofrecieron una rueda de prensa en el DF, en la que recalcaron que “se absolvió a Sergio Barraza debido a que la fiscalía omitió aportar pruebas concluyentes que demostraran, más allá de toda duda razonable, que él hubiera sido el autor del homicidio de Rubí Marisol Frayre”.

Los jueces aseguran que el Ministerio Público no logró acreditar la culpabilidad de Barraza, y que incluso no pudo siquiera demostrar la causa de muerte, por lo que no se otorgó una sentencia condenatoria.

Ellos sostienen que se obró con ineptitud, sin embargo, la causa de que el expediente no fuera contundente podría radicar en el exceso de trabajo de los agentes ministeriales.

De acuerdo con un reporte de El Diario de Juárez, fechado el 18 de junio de 2009, tiempo en que se conformaba el expediente, en aquella frontera entre 11 agentes llevaban las investigaciones de 780 homicidios, un promedio de 77 casos por cada uno.

A Rafael Boudid, Catalina Ochoa y Nezahualcóyotl Zúñiga se les instauró un proceso interno en el Supremo Tribunal de Justicia y por ello están separados de su cargo. Por lo que interpusieron un amparo ante el Juzgado Tercero de Distrito, con sede en esta capital, en contra de la suspensión.

Sin embargo, el titular de ese juzgado declaró tener un impedimento de interés en el asunto, por lo que fue turnado a un Tribunal Colegiado para que resuelva si lo admite y con ello sean reinstalados.