CHIHUAHUA. El Congreso local aprobó por unanimidad abrir un juicio político contra los tres jueces que liberaron en abril de 2010 a Rafael Barraza, asesino de su pareja Rubí Frayre, quien era hija de la activista Marisela Escobedo, también privada de la vida en diciembre pasado.

El proceso fue solicitado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a fin de establecer si a los jueces se les puede fincar responsabilidad oficial; es decir, determinar si incurrieron en alguna irregularidad al dictar el fallo absolutorio.

En sesión extraordinaria votaron la integración de una Comisión Jurisdiccional que presidirá el diputado Gabriel Humberto Sepulveda Reyes, la cual reunirá los elementos de prueba para el juicio político contra los jueces Netzahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudid.

El Congreso informó que la integración de dicha comisión debe ser publicada en el Diario Oficial del Estado para que tenga validez legal, posteriormente habrá un periodo de nueve días para entregar la notificación a los aludidos, y desde ese momento los jueces cuentan con 30 días para presentar su defensa.

Sin embargo, antes de que se aprobara el juicio, los tres juzgadores enviaron al Congreso un documento en el que señalan que es improcedente un proceso de ese tipo. Según los jueces, una Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) asienta que no es viable un juicio político contra jueces de ninguna índole en función de sus resoluciones y sentencias.

Buscan liberación de hijos

La abogada de la familia de Marisela Escobedo, Luz Estela Castro, informó que varias organizaciones sociales presentarán un exhorto a las autoridades de Estados Unidos para que libere a los hijos de la activista asesinada el 16 de diciembre, Juan Manuel y Eduardo Alejandro, quienes están internados en el Centro de Detención de El Paso, Texas.

Los dos jóvenes están recluidos desde el 25 de diciembre, cuando solicitaron asilo político a Estados Unidos, luego de recibir varias amenazas de muerte e incluso tuvieron que apresurar el funeral de su madre ante el riesgo de sufrir un atentado durante la ceremonia luctuosa.

Las organizaciones civiles consideran que podrían continuar su proceso de asilo en libertad, si las autoridades estadounidenses les dan facilidades.

Indemnización, en veremos

Luz Estela Castro detalló que todavía no hay fecha para la audiencia en la que se determinará si es procedente el pago por reparación del daño moral en favor de la pequeña Heidi Barraza Frayre, hija de Rubí.

Explicó que cuando un tribunal de Casación anuló el fallo absolutorio contra Barraza y fijó una nueva sentencia por homicidio, también lo condenó a pagar 11 mil 800 pesos por reparación del daño, que corresponde sólo a gastos funerarios y otros generados tras la muerte de Rubí Frayre.

Sin embargo, se presentó una solicitud para que Barraza pague la reparación del daño moral, que prevé aspectos como la manutención de la pequeña, sus estudios y apoyo sicológico.

También se espera que el gobierno del estado fije el mecanismo con el que operará el Fondo para víctimas del delito, que consta de 100 millones de pesos y fue creado para apoyar a los niños de personas que fallecieron de manera violenta en la entidad.