CULIACÁN. A un mes del incendio de Coppel Hidalgo, que provocó la muerte de seis trabajadoras que realizaban por la noche el inventario de esa tienda, la Procuraduría de Justicia de Sinaloa no tiene avances en la investigación y le han faltado elementos para explicar la causa del fuego.

Las mujeres laboraban “protegidas” por cortinas metálicas y con las puertas de emergencia aseguradas “contra ladrones” y toda posibilidad de escapatoria, según familiares y testimonios sobre el sistema de seguridad de la empresa.

Aunque lo intentaron, no pudieron salir del almacén: estaban encerradas bajo llave. Sus familiares se encuentran ahora sumidos en la tristeza, con la esperanza agotada, prácticamente desgastada por la dilatación oficial.

Presas del humo y de las llamas, Claudia Janeth Bernal Delgado, Mariana López Soto, Carmen Selene Moreno Zazueta, Verónica Picos Bastidas, Perla Zapata y Rosa Imelda Félix, de entre 36 y 22 años de edad, dejaron nueve hijos en la orfandad.

Blanca Delgado, mamá de Claudia Janeth, reconoce que lo único que a una familia le queda es pedir justicia, que surja la verdad. “Es lo que quisiéramos todos los padres que estamos pasando por esto: justicia”.

La lentitud del aparato de justicia local puede ser, en este caso, determinante para el arribo de la verdad. Restan 20 días para que termine la administración del gobernador priísta Jesús Aguilar Padilla y, con su salida, la renovación del sistema estatal. La nueva estructura será designada por el primer gobernador no emanado del PRI, Mario López Valdez.

A un mes de la tragedia, la PGJE desconoce el móvil del siniestro, no ha concluido las pruebas periciales, sigue en la etapa de las comparecencias, de los testimonios de testigos, de familiares y de gerentes.

Hasta el momento, según informó el director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría local, Louis Alberto Jauss López, forman parte de la averiguación previa 32 pruebas periciales, 14 audios de llamadas al teléfono de emergencia, así como dictámenes de autoridades que de alguna manera han participado en el hecho.

El expediente es el 700/2010, que se abrió por el delito de homicidio. “Estamos trabajando; también de manera conjunta con el área de periciales en espera de los resultados del mismo”, afirmó Jauss López.

Esa es la etapa de la investigación: la espera. Aún no hay posibles culpables, tampoco se ha llamado a declarar a los dueños del corporativo, Enrique y Agustín Coppel.

A diferencia de la Procuraduría de Sinaloa, tierra en la que los Coppel tienen fuerte presencia social, política y empresarial, la Secretaría del Trabajo federal no necesitó más de 15 días para lanzar una evaluación y consignarla en el boletín 177.

En el documento, divulgado el 24 de noviembre, se aclara que tras una revisión en la tienda siniestrada y dos sucursales del corporativo, no cumplían con los requisitos básicos de seguridad según la norma oficial mexicana 02STPS2000.

Además, se expone que ninguna de las tiendas cuenta con el estudio para la determinación del grado de riesgo de incendio ni con un programa específico de seguridad para la prevención y combate de fuego. Falta capacitación del personal en rescate y procedimientos de evacuación.