GUANAJUATO

El Congreso local aprobó una reforma el Código Penal que reduce el castigo por homicidio en razón de parentesco y abrirá las puertas de la cárcel a las seis mujeres condenadas por ese delito, quienes aseguran que abortaron.

La reforma establece que la Secretaría de Seguridad Pública del estado deberá realizar de oficio los trámites para que las mujeres obtengan su libertad, por lo que se prevé que a partir del próximo miércoles abandonen la prisión.

La iniciativa fue aprobada con 34 votos a favor del PAN, PRI, PRD, Convergencia y PVEM, y uno en contra de la panista Elvira Paniagua.

La reforma de adición al artículo 156 del Código Penal, propuesta por el gobernador Juan Manuel Oliva, establece una sanción de privación de la libertad de tres a ocho años “cuando la madre prive de la vida a su hijo dentro de las 24 horas posteriores al nacimiento, por motivaciones de carácter sicosocial”.

El Código Penal hasta hoy vigente señala, sin distinción, una pena de 25 a 35 años de prisión por homicidio en razón de parentesco. Con la aplicación retroactiva de la ley saldrán en libertad María Araceli Camargo Juárez, Ofelia Segura Frías, Yolanda Martínez Montoya, Liliana Morales Moreno, Ana Rosa Padrón Alarcón y Susana Dueñas Rocha.

Las seis mujeres pagan penas de 25 a 29 años en los Ceresos de Guanajuato y Valle de Santiago. Ellas y ONG afirman que tuvieron abortos involuntarios, pero se les configuró el delito de homicidio.

La modificación incluye un artículo transitorio que establece que el gobierno local deberá aplicar los beneficios de atenuación de la pena a las sentenciadas.

“El Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de Seguridad Pública, reducirá de oficio la pena de forma proporcional a la establecida en la sentencia ejecutoria correspondiente”. Asimismo, sin mediar solicitud de parte, “aplique el beneficio de esta reforma a quien sea inculpado o sentenciado por ese delito”.

En la tribuna del Congreso, el diputado del PRD, José Luis Barbosa, reprochó al Ejecutivo que la reforma penal haya sido una consecuencia de la presión social nacional e internacional por la discriminación y violencia institucional que viven las mujeres en Guanajuato.

Dijo que la reacción del gobernador es una consecuencia de las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas y de la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, pero le resta atender la recomendación para generar una Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, acorde a la normatividad federal.

El diputado priísta, Gerardo Gutiérrez Chico, destacó la voluntad de los legisladores al aprobar la reforma y el ánimo de agilizar la libertad de las seis mujeres, pero fustigó la medida del gobernador porque responde a la presión social.

El Congreso envió el dictamen de ley al Ejecutivo estatal para que ordene su publicación, que se espera ocurra el viernes y entraría en vigor el martes, y de inmediato sería aplicable de oficio para las seis presas, explicó Gutiérrez Chico.

Dijo que la acción legislativa fue apresurada y con rasgos de inconstitucionalidad, pues esa figura penal hace distingos; es decir, sólo atenúa la pena cuando el homicidio lo cometa la mujer.

Un par de horas después, Juan Manuel Oliva firmó el decreto de publicación de la reforma en el Periódico Oficial del Estado, que tiene “bondades: penas proporcionales, tomará en cuenta las circunstancias sicosociales de las mujeres en la comisión de este delito. Permitirá que las presas por este delito obtengan su libertad en los términos de ley”

Exigen absolución

Alma Yareli Salazar Saldaña, absuelta tras pasar 926 días presa por el delito de homicidio en razón de parentesco, asistió a la sesión del Congreso acompañada de integrantes de la ONG Las Libres.

En el Palacio Legislativo exigieron que las seis mujeres sean declaradas inocentes, “porque lo son” y “no pese sobre ellas un antecedente criminal por un delito que no cometieron”.