GUANAJUATO

Después de pasar tres años en prisión, por haber sufrido un aborto espontáneo, Alma Yareli Salazar Saldaña recobró su libertad, al ser absuelta del delito de homicidio en razón del parentesco, según el Ministerio Público.

Al no acreditar la autoría criminal de Alma Yareli en la perpetración del delito, el magistrado de la Décima Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, Miguel Valadez Reyes, revocó la sentencia condenatoria de 27 años y seis meses de prisión, que había sido dictada por el Juez Primero Penal de San Miguel de Allende, en el proceso penal A-265/2007.

“Salió limpia, pues no había delito que perseguir; fue recluida injustamente. Nomás que a ver quién le regresa sus tres años de vida por estar presa en San Miguel de Allende”, comentó Verónica Cruz Sánchez, directora del Centro Las Libres, quien explicó que del año 2000 a la fecha 160 mujeres fueron denunciadas por el delito de aborto en Guanajuato.

Abogados de la Clínica de Interés Público, División de Estudios Jurídicos (CIDE), litigaron el caso de Alma Yareli, quien a los 25 años quedó presa en el penal de San Miguel de Allende.

La inculpada expuso que en octubre de 2007, en el tercer trimestre del embarazo se le vino el producto mientras estaba sola en su casa, perdió el conocimiento, y cuando despertó vio que se trataba de una niña que había muerto. Asustada, envolvió el producto en una sudadera y lo abandonó en la vía pública, explicó Cruz Sánchez.

El proceso penal describe que el 22 de octubre de 2007, “fue encontrada una persona del sexo femenino, al parecer, recién nacida” junto a un carro de tacos en la calle Calvario del centro de la ciudad de San Miguel de Allende.

Declaración procesal

El médico legista Gerardo Mendiola Guerrero, perito de la Procuraduría de Justicia, después de examinar el cuerpo de la bebé en su aspecto externo e interno, concluyó que la muerte fue por “hipotermia”.

En su declaración procesal, Alma Yareli negó el homicidio. Refirió que para noviembre esperaba que naciera su hija, pero de forma imprevista se le vino el producto, perdió el conocimiento y no pudo ayudarla.

La directora del Centro Las Libres condenó el estigma social a las mujeres que tienen un aborto, la crueldad y el aislamiento con el que son tratadas en Guanajuato, y la carga moral de por vida.

Verónica Cruz Sánchez informó que recurrirá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que atraiga los casos de seis mujeres guanajuatenses que abortaron espontáneamente, pero que fueron condenadas hasta 30 años de prisión por el delito de “homicidio en razón de parentesco”.

Explicó que la liberación de Alma Yareli, tres años después de estar recluida, abre la puerta de la justicia a las seis mujeres que siguen presas.

“Ellas no cometieron ningún delito y les fabricaron la prueba para poder condenarlas; tampoco son responsables del delito de aborto, ni siquiera lo intentaron, fue un accidente”.

Citó a las sentenciadas por sus apellidos: Moreno, de 18 años de edad; Alarcón, de 23 años; Frías, de 35 años; Montoya, de 19 años; Juárez, de 18 años, y Rocha, de 19 años. Todas ellas inocentes y que injustamente están en la prisión por la política de criminalización al sexo femenino por parte del gobierno de Guanajuato, dijo.

Verónica Cruz expresó que los jueces las sentenciaron a la pena máxima de 35 años de prisión y con el recurso de apelación en segunda instancia, la que menor castigo tiene es de 25 años de prisión.

El Centro las Libres documentó con cifras que de 2000 a la fecha 160 mujeres fueron denunciadas por el delito de aborto en Guanajuato, siete de estas condenadas por homicidio y nueve que están pagando una sentencia por aborto.

Cruz Sánchez denunció que “el abuso de poder de quien procura y administra la justicia (Ministerio Público y jueces) llegó a sus límites en Guanajuato, a la exageración, al abuso del derecho penal, querían penalizar a las mujeres por el delito de aborto y terminaron sentenciándolas por homicidio en razón del parentesco”, lo cual agrava la pena.