QUINTANA ROO. El polémico proyecto de Punta Carey, que desarrolladores pretenden construir a un costado del área natural protegida Santuario de la Tortuga Marina de Xcacel-Xcacelito, municipio de Tulum, fue autorizado de forma condicionada en materia de impacto ambiental por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) que, al mismo tiempo, le negó la autorización de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, por lo que la obra no puede construirse.

El proyecto, impulsado por el Fideicomiso Empresarial Punta Carey, propone básicamente la construcción de 75 cuartos en un máximo de tres niveles y un sistema de lagunas artificiales, desarrollando 2.3 hectáreas de un predio de 26 hectáreas, lo que constituye la densidad más baja para una obra a edificarse en Quintana Roo.

Sin embargo, es su ubicación, su principal obstáculo, ya que la zona es de extrema fragilidad y, organizaciones ambientales, académicas y científicas, advierten que el proyecto pone en riesgo el acuífero, la calidad del agua y el arribo de la tortuga marina en la parte que comprende el santuario.

Además, se acusa a la empresa de falsear la localización real del predio, para evadir las restricciones que le aplican y de truquear la densidad que permite el Programa de Ordenamiento Ecológico del Corredor Cancún-Tulum, vigente.

En los hechos, el 25 de septiembre de 2009, la Dirección de Desarrollo Urbano de Tulum, colocó sellos de clausura dentro del predio de 26 hectáreas, debido a que los desarrolladores iniciaron trabajos con el desmonte de vegetación y manglares para delimitar su terreno, pese a que el proyecto apenas era evaluado por la Semarnat y no obtenía aún el permiso correspondiente.

El desmonte de mil 395 metros cuadrados de manglares y especies protegidas, les valió también una clausura de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que incluso les multó con casi 15 mil pesos, lo cual fue criticado por organizaciones civiles de Quintana Roo y México, quienes lo consideraron una “burla” y motivo para denunciar al Fideicomiso ante la PGR.

Pese a todo el antecedente, desde el 5 de marzo pasado, la Dirección General de Impacto Ambiental (DGIRA), órgano desconcentrado de la Semarnat, autorizó de forma condicionada el proyecto, conforme al oficio S.G.P.A/DGIRA/DG/1839/10, despachado hasta el 7 de mayo y publicado por la dependencia la semana pasada, confirmó la delegada de Medio Ambiente en Quintana Roo, Gabriela Lima Laurents.