CIUDAD JUÁREZ, Chih.— Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, enfrentó la exigencia ciudadana para que se agilicen las investigaciones de la masacre en Villas de Salvárcar y se esclarezca la actuación del gobierno federal, del Ejército y las corporaciones policiacas horas antes de la tragedia.

El enviado del Poder Ejecutivo federal y el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, intercambiaron puntos de vista —no revelados—, luego de que éste reclamó a la Federación sobre los “damnificados”, no por algún fenómeno natural, “sino por la guerra (contra el narcotráfico) a la que el Presidente nos convocó hace dos años”.

El mandatario había dicho también que no bastaba la solidaridad del gobierno federal, sino “hechos concretos”.

En una carta publicada el lunes en medios locales y dirigida al presidente Felipe Calderón, agrupaciones sociales y civiles de todo el país exigieron el esclarecimiento de los sucesos de Salvárcar y la protección de las familias y personas que han sido amenazadas.

Pidieron poner fin a la impunidad en una ciudad donde han ocurrido más de 5 mil asesinatos en dos años y donde los programas del gobierno han fracasado.

El titular de Gobernación cumplió con una maratónica agenda, de poco más de 10 horas, que inició con una visita al fraccionamiento Villas de Salvárcar, donde ofreció una disculpa a los familiares de las 15 personas acribilladas.

Gómez Mont, el gobernador José Reyes Baeza y el alcalde José Reyes Ferriz encabezaron, en el Centro de Convenciones de esta frontera, las mesas de trabajo para resolver por la vía social el incremento en la inseguridad. Las conclusiones —que hasta el cierre de la edición no fueron precisadas— serán puntales para un consenso con organismos sociales y grupos del sector privado.

Durante la tarde, representantes de organismos sociales y privados, académicos, así como empresarios, desfilaron en el centro de convenciones en una reunión convocada a puerta cerrada.

Cirpiana Jurado, del Centro de Investigación y Solidaridad Obrera, quien participó en la mesa de Justicia y Derechos Humanos, propuso la desmilitarización de las calles de Juárez, y la legalidad de la operación de los agentes federales, de quienes pidió se descubrieran el rostro para poder identificarlos en caso de un probable atropello.

El gobierno estatal solicitó 3 mil millones de pesos para programas, a fin de crear bases sólidas para la recomposición del tejido social.

El PAN en Chihuahua, en una carta enviada a los medios pero dirigida al secretario de Gobernación, dijo que Ciudad Juárez se encuentra inmersa en la “peor crisis de seguridad pública” de toda su historia, con un incremento de “mil por ciento” respecto al promedio nacional. De una tasa de homicidios de 11.79 por cada cien mil habitantes durante 2008, Juárez registró 101 muertes.

Colaboración internacional

La Procuraduría de Justicia informó que el gobierno de Estados Unidos, a través de la Agencia Antidrogas (DEA) y el Buro Federal de Investigación (FBI), colabora con información para ubicar a los autores materiales de la masacre.

La procuradora Patricia González Rodríguez dijo que esta colaboración aporta datos sobre la identidad de Adrián Ramírez, El Rama o El 12, quien habría encabezado el multihomicidio y luego falleció en un enfrentamiento con militares. Precisó que este individuo era de nacionalidad estadounidense, país donde contrajo nupcias y del que huyó por cargos de agresión física.

Mencionó que la información de Estados Unidos permitió conocer con mayor prontitud la estructura del grupo que perpetró la matanza y obtener datos para rastrear el paradero de sus integrantes. González Rodríguez participó ayer en las mesas convocadas por el gobierno federal para consensuar los programas sociales en apoyo a la población y enfrentar con una estrategia renovada al crimen organizado.