TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis.— Abogados y militantes del PRI interpusieron en la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra el gobernador Juan Sabines (PRD) y legisladores locales del Revolucionario Institucional por permitir el aplazamiento de las elecciones programadas para 2010.

La reforma a la Constitución local —aprobada la noche del 12 de septiembre— canceló las elecciones de octubre de 2010, para homologarlas con el proceso electoral de 2012. La enmienda extiende el cargo a diputados y alcaldes más de año y medio.

En tanto, en los 118 ayuntamientos se integrarán concejos municipales, a partir de noviembre del próximo año.

Demandan expulsión

El grupo de priístas presentó además ante el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI una demanda de expulsión contra los 14 diputados de la actual 63 Legislatura local.

Pese a que las reformas fueron aprobadas —en sigilo y hermetismo—, éstas fueron conocidas en el periódico oficial del estado hasta el 16 de octubre, cuando la edición se hizo pública y se envió a los suscriptores. Aunque el documento está fechado el 12 de septiembre, lo que jurídicamente valida la enmienda a la Constitución local.

El representante legal de los priístas inconformes, Roberto Santos Hernández, aseguró que no obstante a que el argumento de las reformas es homologarlas con las elecciones federales de 2012 y reducir así costos financieros, la aprobación vulneró el principio de la libertad de votar y violentó el sufragio efectivo no reelección, tutelados por la Constitución federal.

El doctor en derecho constitucional argumentó también que el Ejecutivo estatal y el Poder Legislativo agravaron los hechos al ocultar el decreto de reforma, publicado en el periódico oficial 187, con lo cual se impidió la impugnación legal por la vía de la acción de inconstitucionalidad, válida legalmente hasta el pasado 12 de octubre.

A su vez, el ex diputado federal priísta y presidente de la Organización de Transportistas de Chiapas, Walter León Montoya, aseguró en entrevista que los 40 legisladores atropellaron la voluntad popular, la cual no fue tomada en cuenta para aprobar o rechazar su prolongación en el mandato.

“Pasaron sobre los derechos políticos de los chiapanecos, que los eligieron en las urnas sólo por tres años y no por un periodo fraguado al capricho del gobernador Juan Sabines y de los ahora ilegítimamente llamados diputados”, indicó.

El ex diputado federal Mario Carlos Culebro presentó en la Procuraduría General de la República una demanda contra dichas reformas, a fin de que se reponga el término legal para impugnarlas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).