MONTERREY, NL.— Al menos 10 mil mujeres y niñas murieron de manera violenta en México en los últimos 10 años, y la mayor parte de los casos quedaron en la impunidad debido a la discriminación que existe por parte de las autoridades de procuración de justicia.

Marcela Lagarde y de los Ríos, presidenta de la Red de Investigadoras Por la Vida y la Libertad de las Mujeres, AC, dijo que urge contar con un banco nacional de estadísticas sobre la violencia contra el género femenino y acabar con la gran desigualdad que existe en nuestro país en la forma de vivir de la mujer.

“En cuanto al feminicidio han sido asesinadas en México, de 1999 a 2008, más de 10 mil mujeres y niñas”, aseguró.

Al encabezar el tercer Foro Sobre Reforma Jurídica Para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, resaltó que “las mujeres son discriminadas por los ministerios públicos, incluso por los abogados de oficio y por otras figuras, incluso jueces y juezas que discriminan a las mujeres cuando acuden en busca de justicia”.

El estado de México, dijo Marcela Lagarde, tiene una alta tasa de delitos violentos contra mujeres y homicidios de niñas y mujeres, al igual que Chiapas, Oaxaca, Guerrero, el Distrito Federal, y Chihuahua.

“Donde hay menos homicidios contra niñas y mujeres es en Yucatán, pero para asombrarnos es el estado donde la tasa de suicidios de mujeres y de niñas es el más elevado de país, por eso tenemos que ser muy cuidadosos con los datos, no se trata sólo de homicidios, sino de otras formas de muertes violentas por exclusión, por opresión, por falta de alternativas”, explicó.

“Nuestro país se caracteriza en todas las entidades federativas por una enorme desigualdad, hay mujeres que viven como en el primer mundo y mujeres que viven en el ultramundo, comparable a Ruanda-Burundi o a los países más pobres del mundo”.

En México, aseguró, de las 32 entidades federativas todavía faltan nueve estados que carecen de una ley estatal de protección a las mujeres en casos de violencia, por lo que han impulsado la obligación de crear un banco de datos sobre delitos contra mujeres y niñas.

Propuso realizar un diagnóstico nacional sobre la situación de violencia contra las mujeres, diferenciada por edades, por estado, grupo socioeconómico, incluso por grupos étnicos. “No es un uniforme la violencia, afecta de manera distinta a mujeres de distintas condiciones. sociales, culturales y educativas”.