Invasión rapaz en Tulum
TULUM, QR.— Ahora, especuladores y hoteleros, con el apoyo de políticos rapaces, tienen la mira puesta sobre la joya del Caribe mexicano e ícono del estado: Tulum.
Desde actores de televisión, sindicatos, pescadores y prestadores de servicios turísticos, nacionales y extranjeros, entre otros, pretenden quedarse y usufructuar la superficie de 664 hectáreas del Parque Nacional Tulum, asentado en el municipio del mismo nombre, recién creado.
En ese plan de lucro del área que preserva vestigios mayas, conjugada con el majestuoso Caribe y arrecifes, los traficantes de la paradisiaca zona cuentan con apoyo de autoridades municipales y estatales.
El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), responsable de la preservación de ese parque, ha fracasado en su intento de impedir que particulares se apropien de esa zona federal.
Para la directora del INAH-Quintana Roo, Adriana Velásquez Morlet, las intentonas de autoridades locales y particulares de desaparecer ese parque “no pasarán”. Empero, la realidad la desmiente hasta ahora. Admite que la tenencia de la tierra es “muy irregular” y objeto de especulación.
El INAH emprendió, y también recibió en contra, varios litigios por la disputa de superficies del Parque Nacional ocupadas por particulares.
Aun con sellos de clausura y oficios donde el INAH los conmina a evitar construir, las edificaciones avanzan sin cesar en el predio considerado con importante legado maya postclásico. Ahí cada metro cuadrado se cotiza en dólares.
Encima, quien fuera alcalde de Solidaridad, más conocido como Playa del Carmen —con parte de su territorio se creó en marzo el municipio de Tulum—, Carlos Manuel Joaquín González, hoy secretario de Turismo del estado, antes de dejar ese cargo aprobó el nuevo Programa de Desarrollo Urbano (PDU) del Centro de Población de Tulum, donde incorpora el Parque Nacional como fundo municipal, con el cual el ayuntamiento podrá autorizar construcciones sobre esa superficie.
Con el acuerdo municipal, publicado en el Periódico Oficial del estado el pasado 9 de abril, se considera que se invadió una competencia federal al decretar medidas sobre ese parque. Por ello, a exhorto de la Cámara de Diputados, el titular del Ejecutivo Federal interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el expediente 00072/2008 de la SCJN.
Aun así, el funcionario estatal afirma estar a favor del desarrollo sustentable, que “significa también derrama económica, generación de empleo y desarrollo social”. Argumenta que la expropiación del Parque Nacional “aún no está terminada”, pues existe incertidumbre e inseguridad jurídica sobre el predio.
Sin dar razón de su deseo de que se realicen construcciones, ni tampoco del porqué mejor dejar que se conserve como área protegida, dijo que sólo procedería usufructuar la zona por particulares, si así lo determina algún juez federal que lleva alguno de los litigios interpuestos por éstos contra el decreto expropiatorio y declaratorio como Parque Nacional.
Con el aval del Congreso local y del gobernador Félix González Canto (PRI), el ex edil de Solidaridad heredó al nuevo municipio de Tulum los planes a que deberá sujetarse.





