GUADALAJARA, Jal.— Como defiende su fe, el gobernador Emilio González protege a Tomás Coronado Olmos, procurador general de Justicia del estado, investigado por pedofilia y corrupción de menores por la PGR.

El 30 de agosto pasado, el procurador fue señalado de participar en orgías con adolescentes en 2005, cuando era secretario general del ayuntamiento de Guadalajara y el alcalde era González Márquez.

Su nombre apareció en una denuncia por privación ilegal de la libertad que interpuso una menor de 16 años, el 30 de agosto pasado, ante la Procuraduría local en contra del ex funcionario del ayuntamiento tapatío, Martín Aguirre Aguirre, prófugo de la justicia, a quien la adolescente denunció por violación el 25 de abril de 2007.

Todo fue un complot maquinado por Víctor Manuel Landeros, subprocurador C, despedido y denunciado por manipular una averiguación previa, argumentó el procurador.

A este señalamiento contra Coronado Olmos, siguieron quejas y denuncias ante instancias variadas: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Fiscalía Especial de Atención a Delitos de Violencia en contra de las Mujeres de la PGR y Corte Interamericana de los Derechos Humanos.

Esto ha sido minimizado por el gobernante. El 8 de enero reconoció que Coronado sí habría asistido a las orgías, pero no se dio cuenta qué ocurría en ellas.

Hay otros por quienes el gobernador aboga a ultranza, al menos en el discurso. Jorge Luis Vizcarra Mayorga, ex presidente municipal de Tonalá, es prófugo de la justicia, acusado de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, delincuencia organizada y abuso de autoridad.

El mandatario conocía las acusaciones, y advertía que Vizcarra seguiría en su cargo.

El 1 de enero de 2007, Jorge Vizcarra iniciaba como alcalde de Tonalá. Burócrata, empleado de Abraham González Uyeda, subsecretario de Gobernación, y en el sexenio de Francisco Ramírez Acuña fue secretario de Administración.

Los hechos: el 8 de febrero de 2007, casi muere a golpes el síndico tonalteca Leonel Andrade Padilla. Y el 24 de abril es ejecutado afuera de su casa el director de Mejoramiento Urbano de este municipio, Carlos Romo Guízar. La Procuraduría descubre así una red de tráfico de drogas, con vehículos del ayuntamiento.

Los autores intelectuales que mandaron ejecutar a los dos funcionarios, eran: Ricardo Sigala Orozco, hasta hace cinco meses secretario general de ese municipio, detenido, y Jorge Luis Vizcarra, prófugo.