TORREÓN, Coah.— El Distribuidor Vial Revolución (DVR), calificado como la obra magna de la administración del ex gobernador Enrique Martínez y Martínez e inaugurada el 30 de enero de 2004, empezó a ser demolido para convertirse en un montón de escombro, tierra y polvo.

De este modo, lo que marcaría una nueva era en la modernidad carretera en el estado, está a punto de desaparecer, y con ello, se tirarán a la basura más de 140 millones de pesos que se invirtieron en su edificación.

Fracaso de la ingeniería

El puente, aun de pie, es una ruina monumental, reflejo del fracaso de ingeniería.

Ya empezaron a ser destruidas las guarniciones y la cordonería, y en unos días será derribado el puente mediante un sistema mecánico-explosivo.

El caso representa un agravio para la sociedad, por la impunidad que lo cobija.

Nadie ha señalado con claridad a los responsables que deberían restituir el costo del fallido paso elevado, afirmaron dirigentes de organizaciones de profesionales y de la iniciativa privada.

Accidentes en el paso elevado

Se empezó a construir el 12 de diciembre de 2002 y una vez en funciones, a consecuencia de varios accidentes que se registraron, uno de ellos con saldo de un muerto, entró en fase de reparación para incrementar los peraltes a los cuatro ejes.

Fue construido con recursos de los gobiernos estatal y municipal, encabezado en ese entonces por el ahora senador, Guillermo Anaya Llamas.

Tiene una longitud de 8 kilómetros distribuidos en los tres niveles, que hace varios meses fueron cerrados a la circulación por no garantizar seguridad de tránsito.

Para Fernando Rangel de León, ex secretario del Colegio de Abogados de la Laguna, los responsables de este fraude son el ex gobernador de la entidad Martínez y Martínez y el ex secretario de Obras Públicas y Urbanismo, Jorge Viesca Martínez, quienes fueron exonerados de toda culpa en las investigaciones.

Un sólo responsable

Sólo aparece como único responsable el ex titular de caminos y puentes del estado, Manuel Gómez Parra.

—¿Ahora, quién va a pagar estos costos?, cuestiona el abogado.

Como siempre, el pueblo, responde el mismo profesional del derecho.

Arturo Gallegos, ex presidente de Coparmex-Laguna, calificó a la sociedad como cómplice de la corrupción y de cobarde por quedarse callada para exigir castigo a los culpables.

Descartó de responsabilidad en la fallida obra al actual gobernador, Humberto Moreira Valdez, porque ésta otra se construyó en la administración Enrique Martínez y Martínez.

Monumento a la corrupción

Asimismo, bautizó al Distribuidor Vial Revolución (DVR) como un “monumento a la corrupción”, que desgraciadamente va a desaparecer con la demolición.

La Secretaría de la Función Pública (SFP) deslindó de toda responsabilidad por las fallas al ex secretario de Obras Públicas, Viesca Martínez. Esto, porque Gómez Parra asumió la totalidad de la culpa, dijo el titular de la dependencia, Ismael Ramos Flores.

Está en proceso una averiguación penal que integró el Ministerio Público, donde sí se persigue el resarcimiento del daño.

Se estima que derribar la estructura costará 60 millones de pesos. En su lugar se construirá el Sistema Vial Revolución.

En su momento, ingenieros de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) avalaron la seguridad del paso elevado, pero poco después sus homólogos de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) dictaminaron que adolecía de fallas.

Recientemente en una entrevista televisiva, el diputado federal de Coahuila por el PAN, Jesús de León Tello amenazó con llevar al caso a la Cámara de Diputados para que se hagan las investigaciones y se castigue, si así se determina, a los autores del fracaso, “porque de seguro también se utilizaron recursos federales”.