Este viernes fue extraditado de España el empresario Rufo Antonio Gutiérrez Ramírez, quien fuera administrador de los invernaderos Tecnor de San Luis Potosí, para enfrentar cargos en México por delincuencia organizada, así como fraude genérico y específico por más de 80 millones de dólares en perjuicio del erario público y de una empresa privada.

El empresario deberá enfrentar estos cargos por la compra venta ilegal del invernadero de Santa Rita, al igual que otros cuatro presuntos responsables, por haber manejado de forma irregular los ingresos del centro agroindustrial cuando éste dependía del estado, durante la gestión del ex gobernador Fernando Silva Nieto.

A las 19:15 horas, el vuelo 0002 de Aeroméxico procedente del aeropuerto de Barajas arribó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hasta donde el ex administrador fue custodiado por personal policiaco de España, que lo entregó a elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) media hora después.

Gutiérrez Ramírez fue sometido a un examen médico que se realiza a todos los inculpados que son extraditados a México; luego el Ministerio Público de la Federación certificó sus pertenencias y con ello se cumplió el trámite de ley para entregarlo a la Policía Judicial de San Luis Potosí, donde un juez federal giró la orden de aprehensión en su contra desde 2004.

En septiembre de 1999, la administración estatal del entonces gobernador priísta de San Luis Potosí, Fernando Silva Nieto, contrató un crédito de 28 millones de dólares para adjudicar a la empresa española Unión Temporal de Empresas Tecnor, dirigida por el detenido, la construcción y operación durante cinco años de invernaderos bajo plástico.

El proyecto era construir 72 hectáreas de invernadero que se ubicó en Santa Rita, municipio de Rioverde, con tecnología holandesa, pagar el crédito antes de que Silva Nieto concluyera su administración el 26 de septiembre de 2003 y con las ganancias posteriores desarrollar otras 200 hectáreas.

El 23 de enero de 2003 el entonces gobierno de San Luis Potosí vendió el complejo a una empresa fantasma llamada Natural Valley Horticultural Projects, cuyo registro de inscripción fue solicitado por el propio Gutiérrez Ramírez, en 353 millones 780 mil pesos.

Según la denuncia, luego de la operación de compra, Natural Valley incumplió los pagos por 266 y 87 millones de pesos correspondientes a abril y mayo de 2003, de manera respectiva. Y el entrante gobierno de Marcelo de los Santos reclamó el pago, pero ante el incumplimiento expropió el invernadero.

Por estos hechos, la Procuraduría General de Justicia de San Luis Potosí consignó penalmente ante un juez a cinco personas, entre ellas al ex secretario de Finanzas del estado, Olegario Galarza Grande, quien permaneció durante siete meses en prisión.

Otro de los inculpados es Gutiérrez Ramírez, quien fue detenido el año pasado en Madrid y sujeto a un proceso de extradición, hasta que finalmente la Audiencia Nacional Española concedió su entrega a las autoridades mexicanas para que enfrente los cargos que se le imputan.