Cancún, QR. De manera sigilosa y burlando a la prensa y a unos 150 simpatizantes que aguardaba a la entrada de la Subprocuraduría de Justicia de Quintana Roo, el ex alcalde de Benito Juárez (Cancún), Juan Ignacio García Zalvidea, fue conducido anoche a la cárcel municipal de esta ciudad y puesto a disposición del juez segundo del fuero común, Jesús Navarrete Silva, para responder por la comisión de nueve delitos.

Estos delitos son lesiones, daños, ultrajes a la autoridad, ataques a las vías generales de comunicación, motín, sedición, rebelión, sabotaje y homicidio en grado de tentativa, presuntamente cometidos la noche del pasado miércoles cuando al parecer el ex edil intentó tomar por la fuerza el palacio municipal.

"Le echaron casi todo el Código Penal", comentó a las afueras de la prisión Rafael Cachón Durán, abogado del político, quien apenas horas antes de ser aprehendido reiteró ser víctima de un complot orquestado por el gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendricks Díaz.

"Mi único pecado es no ser del PRI", enfatizó quien aspiraba a ser candidato para contender por la gubernatura en febrero de 2005.

García Zalvidea, emanado del Partido Verde Ecologista (PVEM), gobernó este municipio desde el 10 de abril de 2002, hasta que fue depuesto el viernes 16 de julio, cuando 11 de 15 regidores se separaron definitivamente de sus cargos y la diputación permanente declaró disuelto el ayuntamiento, para de inmediato nombrar a la diputada Marisol Ávila Lagos.

También ingresaron a la prisión local, con los mismos cargos, los colaboradores del ex gobernador Jorge Parra Moguel, Juan Carlos Muñoz Cázares, Andrés García Blumentritt, Roberto Wolf Grajales, Luis Gamero Barranco, Candelaria Ruiz Trujeque, Jorge Antonio Che Canul y Jorge Chi Pool.

Cachón Durán, el abogado de García Zalvidea, informó que el agente del Ministerio Público Édgar Lenín Lobato negó la libertad bajo fianza al ex presidente y correligionarios por considerar grave el cargo de homicidio en grado de tentativa.

"Tenemos la confianza de que lo vamos a desvirtuar dentro del término constitucional; esperemos que las condiciones de legalidad mejoren de como estaban en la Procuraduría de Justicia, donde nos ponían muchos obstáculos para poder trabajar", señaló Cachón.

Tenemos el término constitucional de 72 horas, que puede ser duplicado a solicitud de las partes; después de eso el juez tiene la obligación de resolver de manera precautoria sobre su situación jurídica: dictar auto de formal prisión para sujetarlo a proceso o libertad por falta de elementos, explicó el litigante.

Aunque el término constitucional de 48 horas para resolver la situación jurídica de los detenidos se vencía a las 22:10 horas, el agente del Ministerio Público resolvió ponerlos a disposición del juez segundo penal a las ocho de la noche, de tal forma que tras un operativo para burlar a la gente saliendo por una puerta trasera, los indiciados ingresaron a la prisión municipal, ubicada a una distancia de ocho kilómetros de la cabecera municipal, a las 20:30 horas.

En cuanto ingresaron los vehículos, los cuerpos policiacos aseguraron las entradas y controlaron el acceso de vehículos por las zonas aledañas.