Tijuana, BC. "Vinimos aquí siguiendo a nuestros maridos, quienes son buenas gentes aunque estén allá adentro", sostiene Marbella Barajas. Ella y sus 3 hijas tuvieron que abandonar El Pueblito la madrugada del martes pasado, cuando 2 mil 200 reos fueron reubicados en el penal de mediana seguridad del Hongo, localizado en el municipio de Tecate.

Pese a lamentar haber dejado su natal Uruapan, Michoacán, de donde salió su esposo hace "algunos años" con un cargamento de droga para entregarlo en la frontera, "movida" que no logró terminar pues fue encarcelado, afirma que estar juntos fue lo mejor para su familia. "Habíamos logrado habituarnos a la vida en la cárcel", dice.

Marbella y sus niñas son un ejemplo de los cientos de familias que vivían en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Tijuana. Al paso de los años, llegaron a formar una comunidad en El Pueblito , donde contaban con centros comerciales, escuelas, guarderías, restaurantes y hasta casas de juego.

Residían en la cárcel porque venían de otras entidades y viajar continuamente era muy costoso, sin contar con el aspecto sentimental, argumentan en su mayoría los familiares.

Cualquier intento de la autoridad por desalojar a estas familias había derivado en protestas y amenazas de violencia. Así, las autoridades prefirieron dejar el problema y permitir que creciera.

Según el director del Centro Binacional de los Derechos Humanos (CBDH), Víctor Clark Alfaro, en 1992, cuando gobernaba Ernesto Ruffo Appel, hubo un intento para acabar con El Pueblito . Entonces, los reclusos que controlaban el penal amagaron con amotinarse.

Jornada diaria

Ahora en el albergue del auditorio municipal Fausto Gutiérrez Moreno, habilitado por el gobierno del estado para alojar a las 100 mujeres y 224 niños desalojados durante el Operativo Tornado, Marbella revela cómo se aclimató a vivir en la prisión: En gran parte, fue posible gracias al pago de dádivas y cuotas a los custodios.

La vida en El Pueblito , destruido la misma madrugada del martes pasado, era "igual que en cualquier comunidad; teníamos de todo: tortillería, panadería, placita, iglesia y hasta guardería para poder salir a trabajar", relata Marbella.

"La vida era bonita, pese a que mi esposo no podía salir. Teníamos una guardería que puso el anterior director. Ahí dejábamos a nuestros hijos, ahí los bañaban y les daban de comer. Hasta clases recibían y los mandaban a jugar a la cancha de basquetbol, antes que los recogiéramos en la tarde."

Mientras una niña de dos años de edad insistía a su mamá, Angélica Sotelo de León, "vámonos a la peni para estar con mi abuelita", Marbella relata una jornada de su vida.

"A las seis de la mañana teníamos que ir al resello (diario, les estampaban un sello). Luego íbamos a dormirnos otro ratito y a las ocho nos levantábamos para salir a trabajar". Mientras trabajaban fuera de la prisión, algunas de las mujeres dejaban a sus hijos en la guardería o con sus esposos, otras los llevaban a escuelas públicas.

Al regreso, debían pasar por un control donde las revisaban y les colocaban un nuevo sello de entrada. Ya en sus viviendas, realizaban labores domésticas.

"Los domingos nos íbamos a la placita. A veces había música y bailables; si tenías video, podías rentar películas y quedarte en casa", explica Marbella.

El costo de la vida

Vivir en la cárcel tiene ventajas y desventajas, dice Marbella. Puedes encontrar todo tipo de mercancías a precios más bajos que en la calle. Una vivienda con dos estancias, con servicios y baño incluidos, costaba 4 mil dólares, alrededor de 40 mil pesos.

La introducción de enseres domésticos u otros objetos también costaba. Por ejemplo, meter un refrigerador costaba unos 300 dólares, que se pagaban directamente a la administración, narra otra mujer que prefirió omitir su nombre. Una televisión tenía una cuota menor, según el tamaño; lo mismo que equipo de aire acondicionado.

Así, quienes quisieran equipar su vivienda tenían que hacer los arreglos correspondientes en la administración. Lo importante era contar con el dinero necesario.

Así lo relata, por su parte, Angélica Sotelo de León, quien vivió varios años en la cárcel acompañando a su madre, de 54 años de edad, presa por tráfico de drogas.

Madre e hija tenían una tienda de abarrotes, que surtían vía pedidos a establecimientos externos al Cereso y hasta un almacén ubicado en el interior de éste, presuntamente administrado por la autoridad carcelaria.

Debido a la competencia existente en El Pueblito , decidieron vender su tienda de abarrotes por 5 mil 200 dólares, cuyas ganancias utilizaron en la compra de una vivienda, cuenta Angélica.

Adentro había de todo: poderosos, con posibilidades para rodearse de lujos, y quienes no tenían ni para comprar un chicle. El precio de una dosis de droga, estaba entre 20 y 200 pesos, según la sustancia.

Víctor Clark Alfaro, director del Centro Binacional de los Derechos Humanos (CBDH), recuerda que al igual que cualquier economía la de la cárcel fue sufriendo modificaciones, devaluaciones y recuperaciones, de acuerdo con las finanzas exteriores.

Una carraca de lujo, con varias habitaciones y gimnasio llegó a costar unos 40 mil dólares hace 10 años. Los privilegios y aun los trámites más básicos también costaban, dice.

Ahora, todo eso es parte de la historia, pues desde el martes pasado se destruyeron las carracas, lo mismo las lujosas que las más humildes. El gobernador Eugenio Elorduy Walther dijo: "La leyenda de El Pueblito quedó en el pasado", para dar paso a una nueva era en la readaptación de reclusos, lejos de prácticas ilícitas como el consumo y venta de drogas y la comisión de delitos.