NICOLÁS ROMERO, Méx. A lo largo de su historia, el estado de México ha perdido una cuarta parte de su superficie forestal, principalmente por la tala ilegal del bosque, actividad que todavía se lleva a cabo en seis regiones de la entidad, señaló Ismael Ordóñez Mancilla, director general de Probosque del gobierno estatal.

Agregó que un árbol adulto genera ganancias de hasta 2 mil 400 pesos a los taladores clandestinos y ejemplificó con el caso de Cahuacán, en Nicolás Romero, en donde anteriormente salían en un día hasta 10 camiones cargados con madera ilegal, lo que representaba ganancias de hasta 150 mil pesos.

Ordóñez Mancilla puntualizó que existen seis zonas críticas de tala ilegal en la entidad: Cahuacán, en Nicolás Romero; Ocuilan, que comprende parte del estado de Morelos; IztaPopo, de Ixtapaluca hasta Ecatzingo; Nevado de Toluca, que abarca Temascaltepec, Zinacantepec y Toluca; la región de la mariposa Monarca, ubicada en San Felipe del Progreso, Donato Guerra y Villa de Allende, y la Sierra de las Coletas, que va de Sultepec a Amatepec este último municipio del estado de Guerrero.

Agregó que las zonas más críticas de tala ilegal eran hasta hace poco Cahuacán y Ocuilan, en las cuales diferentes corporaciones policiacas han realizado seis macro operativos, lo que disminuyó considerablemente el ilícito.

Reportes de la Coordinación de Estudios y Proyectos de la Secretaría de Ecología establecen que el estado de México tiene una superficie forestal de 894 mil hectáreas lo que representa 40 por ciento de su superficie total, de las cuales 558 mil son bosques de pino, oyamel y encino, aunque sólo 325 mil hectáreas son consideradas con potencial comercial.

Al respecto, Ordóñez Mancilla aseveró que de las 894 mil hectáreas de superficie forestal, 558 mil son de bosques, 111 mil selvas bajas y chaparrales, así como 225 mil hectáreas de superficie afectada, de las cuales 80 mil fueron reforestadas y restan 145 mil hectáreas por revertir.

La Coordinación de Estudios y Proyectos, a cargo de Enrique Collado López, indica que 284 mil hectáreas cuentan con estudios de manejo forestal, lo que permitió otorgar 673 permisos de aprovechamiento maderable persistente para un volumen de corte anual del orden de 480 mil metros cúbicos, cifra que equivale a 5.2 por ciento del volumen nacional de producción de madera.

El reporte menciona que en la entidad hay 192 industrias forestales maderables, de las cuales 185 son aserraderos, cinco fábricas de tableros contrachapados (triplay), una fábrica de tableros de madera aglomerada y una de maderas para exportación.

No obstante, añade el documento, 25 por ciento del volumen producido sale en forma de trocería a Michoacán y existen 25 permisos para el aprovechamiento de 902 toneladas de resina de pino, que transforman en brea y aguarrás en una planta de destilación ubicada en Toluca.

Además, el análisis destaca que 71 por ciento de los bosques mexiquenses son propiedad de ejidos y comunidades, 28 por ciento es pequeña propiedad y 1 por ciento pertenece a la nación, aunque de los 185 aserraderos registrados en mayo del 2001, sólo 13 eran propiedad ejidal, lo que refleja que los campesinos dueños del bosque venden su madera en pie, como trocería y en leña, quedando al margen de los beneficios económicos que otorga la transformación industrial del producto.

Sobre la tala ilegal, Ordóñez Mancilla precisó que preparan un operativo en la región de la mariposa Monarca en coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y el gobierno de Michoacán, mientras que la Sierra de las Coletas es vigilada por soldados de la 22 zona militar.

Agregó que en Cahuacán y Ocuilan han efectuado seis macro operativos que disminuyeron hasta 80 por ciento la tala clandestina afectó 800 hectáreas en conjunto, lo cual demuestra la eficacia de los mismos, aunque en esta última región se requieren operativos coordinados con autoridades del estado de Morelos.

Ordóñez Mancilla precisó que han realizado 163 operativos (seis macro), con 414 personas puestas a disposición del Ministerio Público del fuero común, 164 camiones asegurados y más de 60 motosierras decomisadas, al igual que 630 metros cúbicos de madera de procedencia clandestina.

Detalló que inspeccionaron los 185 aserraderos registrados en el estado de México y encontraron algunos más, por lo que la cifra subió a 199, de los cuales 30 fueron desmantelados y clausurados por hallar irregularidades.

Ordóñez Mancilla reconoció que en la tala clandestina operan bandas organizadas, las cuales cuentan con armas de grueso calibre, equipos sofisticados de radiocumunicación y vehículos acondicionados con motosierras. En Cahuacán fue desmantelada una de ellas aunque aún quedan 82 órdenes de aprehensión por cumplir y en la zona de la mariposa Monarca han ocurrido enfrentamientos entre soldados y taladores clandestinos.

El funcionario aseguró que el Código Penal Federal es más laxo que el estatal en cuanto a este ilícito, ya que el primero de ellos sanciona con penalidades de entre tres meses y seis años de prisión por lo que los delincuentes alcanzan fianza, mientras que el segundo impone entre dos y 10 años de cárcel, por lo que prefieren remitir a los detenidos al Ministerio Público del fuero común.

Al respecto, agregó que a los taladores clandestinos no se les imputa solamente el delito de derribo de árboles, sino que la Secretaría de Ecología del gobierno estatal hace un dictamen de impacto ambiental y las acusaciones son por daños al medio ambiente, lo que lleva a fianzas de hasta 128 millones de pesos o penalidades de hasta 10 años de cárcel.

Sin embargo, en los primeros dos macro operativos policiacos efectuados en Cahuacán fueron detenidas decenas de personas acusadas de tala ilegal entre ellas dos funcionarios municipales, aunque la mayoría de ellas obtuvo su libertad a los pocos días.

En este sentido, otros dos implicados, Apolinar Becerril Dávila y Luis Manuel Roa Amaya, detenidos el pasado 13 de mayo, junto con otras 22 personas, lograron fugarse del penal de Barrientos, en donde estaban recluidos, lo que provocó la destitución del director de dicha cárcel.

Habitantes de Cahuacán, quienes pidieron no ser identificados, señalaron que en la tala ilegal del bosque en su comunidad existía una compleja red de complicidades en la que participaban ejidatarios y autoridades federales, estatales y municipales, sin que hasta el momento las investigaciones correspondientes lleguen al fondo de los hechos.

Los habitantes de Cahuacán refirieron que la tala clandestina fue solapada durante muchos años por policías municipales, estatales y judiciales de la entidad, quienes incluso escoltaban los camiones para que salieran del municipio, lo que conocen las autoridades que investigan al respecto.

Dijeron que la tala ilegal en Miranda, Quinto Barrio y Pilares, en Cahuacán, dejaba ganancias de hasta un millón de pesos semanales, mientras que la tala legal sólo reportaba ganancias por entre 200 y 300 mil pesos durante el mismo lapso.

Jaime Ramírez Rodríguez, director operativo de Protección Forestal de Probosque, aseguró que están siendo revisados los 673 permisos de aprovechamiento otorgados por Semarnat, los cuales serán liberados una vez que concluya la auditoría respectiva. Destacó que en Nicolás Romero fueron suspendidos los seis permisos que tenían, suspensión que probablemente sea definitiva debido a la excesiva deforestación del lugar.