CUERNAVACA, Mor. Sergio Estrada Cajigal, surgido del PAN, cumplió su primer año de gobierno. Sus detractores políticos, el PRI y el PRD, juzgan que poco podrá conocerse en su informe de labores, que rinde hoy ante el Congreso del estado. En cambio sus correligionarios de partido, como el senador Marco Adame Castillo, consideran que lo más importante es que el mandatario morelense presentará su pliego de actividades ante la Cámara de Diputados.

Asimismo, hace votos por desterrar "cualquier elemento de amenaza", mediante un contrainforme. En los hechos, Estrada Cajigal ha enfrentado conflictos graves en materia de transporte público, laboral y de inseguridad pública.

Los secuestros se cuentan en 24, en lo que va del año, según el procurador de Justicia, José Luis Urióstegui Salgado.

En julio pasado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Víctor Manuel González Cianci, difirió de las estadísticas sobre sujetos detenidos por secuestro, aportadas por el coordinador de la policía ministerial, Agustín Montiel López: "Las estadísticas de las aprehensiones no checan con nuestros números de los juzgados... no nos cuadran", dijo ante los integrantes del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP). Son los subsecretarios de Gobierno, Luis Alcalá Ortega nieto del ex gobernador Lauro Ortega Martínez, y el de Trabajo, Hugo Ayerdi Torres, quienes más conflictos han generado en torno a Estrada Cajigal, desde el inicio de su administración. El primero ha carecido de voluntad política para negociar con los taxistas y transportistas, que regularmente bloquean con sus unidades el primer cuadro de la ciudad hasta por seis u ocho horas. A todos ellos Alcalá Ortega ha dicho que aplicará "mano dura". Nada de negociaciones con aquellos que infringen la ley, señala. Apenas hace una semana, ordenó el uso de la fuerza pública para desalojar a un grupo de comerciantes de la comunidad indígena de Xoxocotla, que "sitiaron" el palacio de gobierno por más de seis horas, luego de que el subsecretario se negó a recibirlos, aunque previamente había agendado una cita con ellos. Su petición: dialogar para buscar una solución al veto que el ayuntamiento de Temixco había acordado para impedirles continuar vendiendo sus productos a orillas de la carretera federal México-Acapulco. A principios de año, el propio Luis Alcalá, cuyo jefe inmediato es Eduardo Becerra Pérez, secretario de Gobierno, ordenó desalojar con la fuerza pública a trabajadores del hospital del Niño Morelense, que cerraron el nosocomio en protesta, porque no se reconocía a su sindicato. Otro problema de este tipo, donde también se ha involucrado el subsecretario del Trabajo, Hugo Ayerdi Torres, es el desalojo violento de las trabajadoras de Confitalia-Rivetex, que ante la negativa de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje por reconocerlos como sindicato independiente, bloquearon por más de seis horas el entronque principal de la autopista México Cuernavaca con la avenida Cuauhnahuac, única conexión hacia la zona oriente del estado. Como respuesta a las constantes tomas de palacio de gobierno y cierres de avenidas, por parte de taxistas de la Unión de la Clase Trabajadora (Uclat) que desde el inicio de esta administración demandan el reconocimiento de 253 concesiones expedidas en la administración de Antonio Riva Palacio López, el gobernador Sergio Estrada Cajigal declaró, el miércoles pasado, que seguirá usando la fuerza pública para disuadir a grupos de manifestantes cuando "no entiendan a través del diálogo". Acaso es la Contraloría del estado la dependencia que ha presentado cifras sobre el combate a la corrupción, heredada por la última administración del PRI. En este periodo se han dictaminado 10 inhabilitaciones, entre ellas a la ex directora del Instituto de Cultura de Morelos, Mercedes Iturbe con 12 años para ocupar puestos públicos; dos suspensiones, una destitución, 16 multas, 33 amonestaciones, 7 reintegros, 38 absoluciones, además de 12 intervenciones de nóminas oficiales por presuntos desvíos de recursos.

Seguridad pública, talón de Aquiles

Morelos, con sus casi 1.6 millones de habitantes, enfrenta serios problemas en delitos como el robo genérico, lesiones intencionadas, amenazas, robo de vehículos, homicidio intencional, violación y secuestros. "Somos un estado pequeño para tener esta problemática", dice en tono de lamento Juan Antonio Tallabs Ortega, presidente de la Comisión legislativa de Justicia y Derechos Humanos. Su depresión tiene bases: Durante el 2000, los habitantes denunciaron 6 mil 447 robos genéricos; 3 mil 349 denuncias de hechos cuando la gente no sabe el tipo de queja, dice el diputado; 3 mil 165 lesiones intencionadas lo que sustenta que la sociedad morelense es violenta, que busca a veces hacerse justicia por su propia mano. En cuarto sitio se encuentra el delito de amenazas, con 2 mil 279 denuncias; el robo de vehículos con 2 mil 11 quejas, es decir, cerca de 80 o 90 vehículos hurtados al mes. Los delitos que también persisten, aunque las autoridades refieren que van a la baja, son el secuestro: en el 2000 se denunciaron 35, aunque hay que observar, anota Tallabs, que habría 40 por ciento adicional como cifra negra. En lo que va del año, suman 24 plagios reconocidos oficialmente. Por lo que respecta al homicidio intencional en el 2000, se presentaron 352 denuncias (alrededor de 30 muertes al mes), en tanto que las violaciones sexuales fueron 220. Para el legislador local emanado del PAN, persiste una problemática especial en los cuerpos policiacos, derivada de la falta de voluntad política por depurar las corporaciones. Por ejemplo, cita, tenemos noticias que de los 400 policías ministeriales activos, 80 de ellos trabajaron en la administración anterior, cuando muchos estaban involucrados con el crimen organizado. "Eso nos permite observar que todavía nuestros agentes policiacos siguen involucrados con la delincuencia. No ha habido una férrea voluntad para que se haga una acción de depuración. Los éxamenes antidoping , por ejemplo, no se practican periódicamente, y ante la fe de alguna institución, que pudiera garantizar que son realizadas con efectividad y certeza".

A todo ello, el procurador de Justicia, José Luis Urióstegui Salgado, dice que con la Cruzada por la Seguridad y la Convivencia en Armonía, convocada por el gobernador Sergio Estrada, el número de denuncias ha crecido casi en 100 por ciento . A abril pasado, la PGJ había recibido 70 denuncias. En cuanto al delito de violación llevaban 70 averiguaciones previas. Los secuestros denunciados son alrededor de 14. Tanto este delito como el del robo de vehículos, dice Urióstegui Salgado, van realmente a la baja, pues entre 1999 y el 2000 se hurtaban entre 8 y 9 autos, en tanto que para este año son de cuatro a cinco. Lo importante es la recuperación, esgrime Urióstegui, pues en promedio se localizaron de seis a siete carros, la mayoría de ellos robados en otros estados de la República. Adicional a estas cifras, el diputado Antonio Tallabs demandó al gobierno federal un presupuesto especial para Morelos, para abatir el rezago de más de 100 mil averiguaciones previas que tiene la PGJ, que sumadas a las casi 15 mil, acumuladas desde octubre a la fecha, significa una cifra preocupante.

Cambios...

Justo el 2 de julio, el gobernador celebró con sus principales colaboradores el aniversario de triunfo electoral. A la prensa declaró, de manera inusual, que los cambios son paulatinos y que "apenas están sembrando para cosechar más tarde". Este cambio, agregó, no se da nada más por haber llegado personas distintas al gobierno, (sino) que el cambio se dará a largo plazo. "No sabemos si se dé en este gobierno, no sabemos si se necesiten muchos años o es cuestión de meses, cuando la sociedad empiece a percibir que no se equivocó al votar por un partido como Acción Nacional."