CULIACÁN, Sin. Una guerra sangrienta y cruel libran grupos que cultivan y trafican con drogas en Sinaloa. En los primeros cuatro meses del año, las ejecuciones suman 189; es decir, un promedio de 1.5 ejecutados por día.

Entre las víctimas incluso hay niños que junto con sus padres, hermanos y tíos han caído abatidos por el fuego de los "cuernos de chivo" o rifles AK/47, en continuas venganzas.

Jesús Ramón Castro Atondo, procurador de Justicia del Estado, establece que 80 por ciento de los homicidios dolosos está vinculado al narcotráfico.

El resurgimiento de las pugnas entre bandas, se atribuye a las diferencias que existen entre los cárteles de Tijuana, comandados por los hermanos Arrellano Félix, oriundos de esta ciudad, y el encabezado en Sinaloa por Ismael Zambada García (a) "El Mayo" Zambada, por el control de la plaza.

Sin las figuras de Héctor Palma Salazar (a) "El Güero" Palma y Joaquín Guzmán Loera (a) "El Chapo" Guzmán, una nueva camada de narcos, con una gran fuerza económica, dotados de grandes flotillas de vehículos de lujo, una red de distribuidores al menudeo de drogas y dotados de un arsenal sofisticado, las calles de Culiacán, poblados y rancherías son convertidas en campos de batalla.

Entre la nueva generación de cárteles de las drogas, los antiguos códigos de estos grupos en torno al respeto a la vida de mujeres y niños, han sido desechados.

Así lo avalan hechos como el ocurrido la tarde del pasado 11 de enero, cuando en un taller mecánico de una colonia popular Víctor Arias Valenzuela fue ejecutado con ráfagas de rifle AR/15, disparado en varias ocasiones por una mujer joven, quien logró huir en un taxi que la aguardaba con el motor encendido.

Junto a las ejecuciones del crimen organizado, existen además muertes violentas por discusiones baladíes, viejas rencillas o descuidos en el manejo de las armas, como sucedió en el caso de Saúl Alonso Corrales Bañuelos, de 23 años de edad, residente de la colonia CNOP, de esta ciudad, quien recibió un disparo de escopeta, cuando un compañero de escuela le mostraba el arma.

También se suman a esta escalada de violencia, las muertes de los campesinos del municipio de Choix, Santos Castillo Palma y Ramón Gamez Soto, quienes al calor de las copas se retaron a un duelo a tiros para lavar viejas afrentas.

Los cuerpos de hombres, amordazados, atados de pies y manos con cinta adhesiva o alambres, con claras huellas de tortura, son localizados a orillas de colonias periféricas, en campos cultivados de maíz o a la vera de canales hidráulicos que surcan los valles agrícolas del estado.

En contraparte, la delegación estatal de la Procuraduría General de la República (PGR) cuenta únicamente con 50 agentes de la Policía Judicial Federal. Existe así un rezago de más de 2 mil órdenes diversas relacionadas con delitos del fuero federal.

Asimismo, en sólo un mes las corporaciones policíacas locales han pagado su cuota de sangre en el combate a la delincuencia organizada, ligada a las bandas de narcos: siete agentes de las policías ministerial y municipal murieron acribillados; dos de ellos, miembros del grupo especial de investigación, perecieron en una emboscada ejecutada por ocho hombres armados y vestidos con uniformes negros (similares a los que portan los elementos de la PGR), cuando éstos intentaban victimar al comandante Pedro Pérez López.

La primera baja en las fuerzas policiacas, se presentó el 15 de enero pasado, en un hospital del puerto de Mazatlán, en donde el comandante de la policía municipal, Felipe de Jesús Ávila González, pereció a causa de las heridas sufridas cuatro días antes en un enfrentamiento con un grupo de gavilleros, en la comunidad de la Noria.

Un mes después, en esta capital, en la colonia Cinco de Mayo, el comandante de la policía ministerial, Cleofas Hernández García, fue acribillado con más de 40 impactos de rifles automáticos, al momento que estacionaba su vehículo en la cochera de su casa.

Para Gregorio Urías Germán, subcoordinador de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática en la Cámara de Diputados federal, el problema de la violencia y el narcotráfico se acentúa en Sinaloa merced a una PGR desarticulada y con graves problemas financieros, que le impiden reforzar su presencia en esta zona, considerada la cuna de los narcotraficantes más famosos.

Al inicio del 2001, las ejecuciones masivas volvieron hacerse presentes en esta ciudad. En el fraccionamiento las Quintas, seis jóvenes que departían tranquilamente en la cochera de una de las residencias, mueren acribillados.

Tres días después, en la colonia Rafael Buelna, de esta misma ciudad, tres hombres que iban en un vehículo Spirit, color negro, asesinan de 13 impactos, calibre nueve milímetros, a los hermanos César Ernesto y Carlos Elmer Pineda Soto, quienes estaban en un local cenando; en el atentado muere también el adolescente Iván Sánchez Beltrán, quien en esos momentos estaba el local comercial donde se suscitó el ataque, en tanto que Fanny Judith Diarte Barraza, de 16 años de edad, hija del dueño del negocio resultó lesionada.

A la larga lista de ejecutados en la primera quincena del mes de enero, se suma el de Aarón Reyes Pulido, cuyo cuerpo, envuelto en una sabana, atado de pies y manos, con huellas de tortura, es localizado en el camino que conduce a la presa Sanalona. A estas estadísticas hay que agregar los fallecimientos de los presuntos delincuentes Juan Pedro Quiñónes Cuén y Arturo Fernando León, caídos en enfrentamientos con la policía.

En busca de la foto: DH

En respuesta a los reclamos de la sociedad de un combate más enérgico a los grupos delictivos que dirimen sus disputas a sangre y fuego en la entidad, 12 grupos (mil 68 elementos) de la Policía Federal Preventiva (PFP) pusieron en práctica en esta ciudad el Plan Piloto Nacional de Seguridad; por espacio de 15 días, la tranquilidad retorna a la ciudad, pero sólo se logra la detención de Ignacio Leal Urquidez, en un puesto de revisión, al descubrirle un cargamento de 45 kilos de mariguana que transportaba en un vehículo en el que viajaba con su esposa y tres hijos.

Jaime Cinco Soto, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, definió a ese operativo federal como una acción en "busca de la foto", puesto que dicha fuerza de mil 68 elementos, dotados de equipo aéreo, terrestre y perros adiestrados, nada más permaneció 15 en la ciudad de Culiacán, sin lograr detener a ningún narcotraficante importante.

La salida sigilosa de los agentes de la PFP de la entidad, trajo consigo una nueva escalada de ejecuciones, de la cual logró salir ileso Porfirio Díaz Medina, hijo del extinto miembro del cártel de Sinaloa, Baltazar Díaz Beltrán (a) "El Balta", luego de que cuatro hombres armados con rifles automáticos intentaron tomar por asalto su residencia, ubicada en el fraccionamiento Monte Bello. La intervención de la policía municipal permitió detener a uno de los pistoleros, identificado como Roberto López Astoga, ex agente ministerial del estado.

El ombudsman, estableció que mientras no exista una investigación real de los delitos y se ejecuten las órdenes de aprehensión que tiene pendientes la PGR, la impunidad alentará a los delincuentes a seguir cometiendo ilícitos.

Las estadísticas

Según las estadísticas de la Procuraduría de Justicia del Estado, de los 142 homicidios registrados en los primeros 100 días de este año en Sinaloa, casi un 87 por ciento se escenificaron en el municipio de Culiacán, como sucedió el 14 de febrero, en la colonia Bachigualato, en donde los hermanos Jesús Héctor y Luis Fernando Leyva Aguirre, junto con el mecánico Rodolfo Trapero Leva, quien los auxiliaba en la reparación de un autobús urbano, resultaron muertos en un atentado.

Ese mismo día, a unos 80 kilómetros al sur de Culiacán, en Limoncito de Alhaya, municipio de Cosalá, 14 hombres armados, vestidos con uniformes color verde, tomaron por asalto el lugar y obligaron a todos los varones que asistían a un convivio, entre ellos a los adolescentes Rubén Torres Gaspar, de 13 años y Federico Beltrán Félix, de 11, junto con sus padres y tíos a subir a la parte posterior de la camioneta doble rodado, placas TT 03793, en donde 12 personas son masacradas con disparos de rifles AK-47 y AR-15.

A este multihomicidio se suman las muertes de Ezquiel Moreno Vega, Rafael Aragón Acosta, el yerno de este último, Francisco Raúl Ruiz Fernández e Ivan Fernández Carrillo Panduro; a todos ellos se les aplicaron torturas con torniquetes hasta romperles la traquea, y sus restos fueron lanzados entre los caminos que conducen al dique los Cascabeles.

A juicio del comandante de la tercera región militar, general Enrique Tomás Salgado Cordero, la ejecución de esas 12 personas se derivó de una venganza por el control de las zonas de siembra de enervantes. Se dispuso así movilizar a mil 400 elementos de las zonas militares de Durango y Sinaloa, cuyas tropas destruyeron en una semana ocho toneladas de mariguana, que se cultivaba en la sierra que está en los límites de ambos estados.

Uno de los mayores logros de las fuerzas militares, fue la detención, por tercera ocasión, de Sergio Castañeda Medina (a) "El Guacho", Martín Tracy Félix, Juan Carlos Castro Cruz y Rafael Ponce Tracy, a quienes se les decomisaron tres rifles AK-47, dos pistolas 38 super, nueve cargadores abastecidos y una camioneta cherokee, blindada placas 234 LHJ, del Distrito Federal.

Nadie explica cómo "El Guacho" ha logrado en menos de un año salir libre en dos ocasiones del reclusorio.

Días después de la masacre en el poblado de Cosalá, una lancha de 29 pies de largo, dotada de un motor de 250 caballos de fuerza que transportaba 60 bultos de mariguana (mil 100 kilos), fue asegurada en un operativo en las playas de Guasave; tres pescadores y el mecánico Víctor de Jesús Ibarra fueron detenidos. Fuerzas especiales detuvieron también, en las playas de Ponce, sindicatura de El Dorado, a Jesús Rodríguez Quintero, Juan Luis Munguia Arisqueta y al abogado Jesús Manuel Zambada Ruiz, con 524 kilos de cocaína oculta en 42 cajas de cartón, con la leyenda de Agua Purificada.

A diferencia de la época de los capos Manuel Salcido Uzeta (a) "El Cochiloco", Ernesto Fonseca Carrillo (a) "Don Neto" y Rafael Caro Quintero, cuando las disputas por el control de la plaza se resolvían con asesinatos públicos y las víctimas eran rociadas con más de 60 impactos, ahora, los ejecutores, en grupos mínimos de cuatro personas, vestidos de negro para confundirse con agentes federales, arrancan de sus hogares a sus víctimas a quienes primero someten a crueles torturas, antes de darles un tiro.

En marzo pasado, en sólo 30 horas, en tres puntos distintos de Culiacán tres presuntos grupos de hombres armados con rifles automáticos, vestidos con uniformes similares a los que portan agentes antinarcóticos, a bordo de varias camionetas lujosas, sacaron de sus hogares a Roberto Reyes Jiménez, de profesión estilista; Rosario Quevedo Ruiz, residente de la ciudad de los Angeles California de visita en esta ciudad, y a los ladrilleros Alfredo Ríos Benítez y José Celestino Valenzuela Moreno. Horas después, los cuerpos de todos ellos, maltrechos por las torturas y con varios impactos de grueso calibre, fueron encontrados en puntos distantes del medio rural.

Jaime Cinco Soto advierte que no es posible que ninguna autoridad se percate del actuar de grupos de pistoleros, quienes tranquilamente se desplazan con sus víctimas por zonas urbanas y rurales de Culiacán, en donde supuestamente hay un fuerte dispositivo de vigilancia y los miembros de las Bases de Operación Mixta tienen sellados los accesos a la ciudad.

Jesús Ramón Castro Atondo, procurador de Justicia del Estado, establece que 80 por ciento de los homicidios dolosos está vinculado al narcotráfico, por lo que se requiere del auxilio de la federación en el combate a las bandas que operan en la zona, ya que éstas tienen armamento moderno y sofisticados equipos de comunicación, además de un poder económico que les permite una rápida movilización por el territorio nacional.

En tres lustros, creció el consumo en jóvenes

El funcionario expone que el narcotrafico ha traído consigo un nuevo cáncer: las adicciones entre la población juvenil, fenómeno que ha crecido en forma alarmante en los últimos 15 años. Esta entidad ocupa el cuarto lugar nacional en problemas de farmacodependencia, situación que genera problemas de inseguridad pública robos y asaltos menores en comercios y trausentes.

Los registros en las agencias del Ministerio Público del fuero común, catalogaron al pasado mes de febrero como el más violento de lo que va del año, con 57 homicidios.

Sólo en dos días, en los municipios de Cosalá, Culiacán y Sinaloa de Leyva, 17 personas resultaron muertas, entre ellas, los hermanos Emilio y Rosario Beltrán, cuyos cuerpos destrozados a tiros, se localizaron en un camino rural que conduce a Sinaloa de Leyva. El funcionario de Derechos Humanos hace hincapié en que la lucha contra los miembros de los cárteles debe darse en forma simultanea en los estados del noroeste del país, en donde su presencia es causa de una escalada de violencia, de ahí que se plantea la formación de siete nuevas Bases Mixtas de Operación Urbana y Rural, en donde intervengan elementos del Ejército, de la Policía Judicial Federal y agentes estatales.

Con la dotación de equipos de intercomunicación de tecnología avanzada, que elimina los riesgos de que los delincuentes interfieran las líneas de las policías locales, se integran nuevos grupos de investigación adiestrados y capacitados por expertos en la materia de Estados Unidos, España y Francia.

Adicional a los nuevos radios Matra (para evitar las interferencias) que portan los agentes de las diversas corporaciones de Sinaloa, cuyo costo es de 4 mil dólares cada uno, las autoridades federales asignaron un armero profesional y una unidad móvil para dar mantenimiento al arsenal de las corporaciones.

El recrudecimiento de la violencia es motivo de polémica y discrepancia política. Por un lado, el presidente de la Alianza de Colegios de Abogados, Luis Rosales Zagal, critica los magros resultados obtenidos por el Consejo Estatal de Seguridad Pública; por otro lado, las fracciones parlamentarias de PRI, PAN y PRD que integran el Congreso del Estado, exigen respuestas concretas de la federación al programa puesto en marcha para Combatir a la Delincuencia y la Corrupción en el país.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos, cuestiona los programas de combate al cultivo y tráfico de drogas, puesto que después de la Operación Cóndor que se puso en práctica en esta entidad en la década de los 70, las nuevas generaciones de delincuentes vinculados a esta actividad son más violentas y crueles, así lo demuestran los registros de los últimos tres sexenios.

A la disminución de un 13 por ciento que se logró en los dos años anteriores en los índices de homicidios, de nueva cuenta, las calles de la ciudad capital vuelven a ser escenario de las vendettas entre grupos delictivos que operan camuflados con uniformes similares a los que utilizan los agentes de la Policía Judicial Federal.

Los análisis y dictámenes de los peritos en balística, establecen que armas más modernas y mortíferas son usadas por los pistoleros en sus ajustes de cuenta, ya que es raro poder establecer que algún tipo de rifle automático es usado en más de dos asesinatos.

Humberto López Favela, Secretario de Seguridad Pública, admite que los planes de combate a la delincuencia organizada, que en los últimos dos años lograron descender los índices de homicidios violentos y secuestros, de nueva cuenta presentan fallas, de ahí la necesidad de rediseñar acciones para enfrentar esta escalada delictiva que preocupa.

Hace notar que urge la reposición de más de 50 plazas de agentes de la Policía Judicial Federal, vacantes en la delegación de la PGR desde hace varios meses, así como el acantonamiento de un primer grupo de 300 elementos de la Policía Federal Preventiva, que formarán parte del cuartel regional que se construirá en esta ciudad.