LA PAZ, BCS.? El abogado Jesús Ramírez Lorenzana renunció a la defensa del ex secretario general de Gobierno, Raúl Antonio Ortega Salgado, preso desde el domingo pasado por los cargos de peculado y abuso en su desempeño como servidor público, aunque también se le implica en nueve averiguaciones previas más.

Lo anterior forma parte del proceso que se sigue contra el ex gobernador de Baja California Sur, Guillermo Mercado Romero, actualmente prófugo, y 19 de sus más cercanos colaboradores, por el desvío de 518 millones de pesos.

Ramírez Lorenzana, uno de los abogados más prestigiados de la entidad, entregó un documento al juzgado primero de lo penal en donde renuncia a la defensa del caso que tomó el pasado 26 de noviembre, según lo confirmó el vocero de la Procuraduría de Justicia del estado, Manuel Bañuelos Ojeda.

Trascendió que esta decisión fue tomada a raíz de una discusión entre Lorenzana y el coordinador del despacho Abogados Asociados, que llegó desde Jalisco para reforzar la defensa de Ortega, a quien mañana sábado, antes del mediodía, se le definirá su situación jurídica. ?Aunque de antemano sabemos que se le dictará auto de formal prisión?, reconoció el nuevo abogado del ex funcionario, José Luis Vázquez González.

Por otra parte, la defensa de Ortega pidió la comparecencia de cuatro ex funcionarios como testigos de descargo, aunque sólo acudieron dos, el actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Enrique Valerio Ortega Romero, quien se desempeñó como subsecretario general de gobierno, y María de la Luz Ramírez Ramírez, ex procuradora de Justicia y ex subsecretaria de Desarrollo Político de la Secretaría General de Gobierno.

Ambos negaron haber autorizado compras en la tienda Giffitos, propiedad de la esposa de Ortega Salgado, porque no estaba entre sus facultades ejercer presupuestos.

Quienes se negaron a comparecer fueron el ex secretario particular y ex coordinador ejecutivo de Comunicación Social y Relaciones Públicas, Jesús Flores Romero, así como Ramón Salgado Guluarte, ex jefe de la unidad de apoyo administrativo de la secretaría general.

Respecto al ex gobernador Guillermo Mercado, quien enfrenta al menos tres procesos, uno por peculado y los restantes por violaciones a la ley de los servidores públicos, al parecer se presentará a comparecer hasta lograr un amparo federal, tal como sucedió con el ex director general de Obras Públicas de abril de 1997 a septiembre de 1999, Román Pozo Juárez, quien a través del amparo número 644/2000 a principios de semana logró evitar ser detenido por elementos de la Policía Judicial del estado.

De Pozo Juárez se sabe que enfrenta dos averiguaciones previas, las 006/99 y la 010/99 relativo a complicidad agravada y peculado. Tras depositar 600 mil pesos de fianza, Jacob Bueno, ex coordinador financiero de la Secretaría de Desarrollo, logró su libertad con las reservas de ley.