El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, exigió que en el caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, se llegue a la verdad histórica y jurídica.

Queremos, dijo, que paguen los responsables intelectuales y materiales de este crimen de lesa humanidad contra jóvenes estudiantes.

En la rendición de su Segundo informe de labores al frente de la administración estatal, el mandatario estatal sostuvo que "Morelos no va a acepar, por lo menos el gobernador, que aquí se "baje" un expediente y no haya conclusiones. Que nos den certeza de lo que ahí ocurrió, verdad histórica y jurídica, no mas impunidad en este país", dijo.

Frente a diputados del PRD, PRI, PAN, PVEM, PT, PNA y Movimiento Ciudadano (PMC), y ante la ausencia del único diputado del PDS, el gobernador ubicó el tema de seguridad pública como prioridad en su discurso.

Dijo que no ha sido fácil enfrentar problemas de muchos años, de casi dos décadas, porque la inseguridad no es nueva. Lamentablemente, expresó, la fama del estado es que los delincuentes se movían aquí de manera impune y por eso justificó el diseño y desarrollo de la Policía de Mando Único Coordinado con cuya estrategia el gobierno redujo en dos años el 30% de delitos de alto impacto.

Es Morelos el primer estado con este modelo de policial y si la estrategia no funcionara, sostuvo, no habría debate en el Congreso de la Unión para la creación de las 32 policías estatales como una réplica de lo que se hace en Morelos. Eso es prueba de que este modelo sirve, afirmó.

El gobernador dijo que al inicio de su administración recibieron 700 policías preventivos mal pagados y sin coordinación, además de que 75% de ellos no pasaron procesos de formación policiaca; 50% solo tenía la secundaria, 20% no acreditó el examen de control y confianza y 10% estaba en la nomina del crimen organizado.

Ahora hay más de 5 mil policías con salarios dignos, equipamiento y coordinados; el 100 están certificados y ya esta en curso la primera generación de 146 policías graduados en bachillerato.

Secuestros

En el tema de secuestros, el gobernador dijo que a su llegada descubrieron que desde instituciones policiacas se privilegiaba la negociación, lo que hacia funcional a esta actividad delictiva. Ahora con la Unidad Especializada de Combate al Secuestro se tiene un registro de 542 secuestradores detenidos de octubre de 2012 a diciembre de 2014, lo que significa la desarticulación de 96 bandas delictiva.

Asimismo, enumeró que de enero a abril de 2013 se registraban 16 denuncias de secuestros mensuales, pero de agosto a diciembre se redujo a siete, actualmente sólo hay reportes de tres secuestros.

"Morelos ya no esta en los primeros lugares de los secuestros. Hablemos bien de lo que hacemos en Morelos", instó a los legisladores.

Vigilancia

El gobernador aludió el anterior sistema de vigilancia con el C4 con 76 cámaras de video vigilancia, pero ahora hay un Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo con 400 cámaras instaladas y otras 700 en proceso de colocación.

Próximamente, dijo, todas se conectarán con Caminos y Puentes Federales.

Habló asimismo del blindaje territorial mediante la instalación de un cuartel para militares en la frontera con el estado de Guerrero.

Precisó que la inversión en materia de seguridad pública fue de 862 millones 748 mil pesos en el periodo de 2000 a 2006, gobernado por el PAN; luego fue de 862 millones 748 mil en el segundo gobierno panista (2006-2012) y en lo que va de este gobierno ha sido de 2 mil 120 millones 776 mil pesos, casi más de lo que se invirtió en los dos sexenios anteriores.

Deuda

El gobernador también se refirió a la deuda que acompaña al gobierno estatal pero dijo que el gobierno anterior del PAN dejó 2 mil 800 millones de pesos que no estaban documentados en deuda sino como débitos a proveedores.

"Una deuda encubierta y eso explica porque los dos últimos secretarios de Finanzas anteriores, entre otros, están bajo proceso penal, así como también los que manejaron lo medicamentos de salud pública, éstos últimos por un fraude de 600 millones de pesos. No admitiremos corrupción y con la vara que medimos queremos ser medidos", sostuvo.

Agregó que el gobierno del panista Marco Adame Castillo contrató en el último año de gobierno una deuda por mil 600 millones de pesos que todavía revisan en qué se ejerció en un año.

Finalmente destacó como antecedente histórico la presentación de la declaración pública patrimonial de los integrantes de su gabinete "para que sepan cómo llegamos y cómo nos vamos".

"Nosotros no escondemos lo que tenemos, ningún negocio y ningún trato bajo la mesa.

Somos el primer gobierno que lo hace y lo vamos a seguir haciendo y de aquí para adelante queremos que lo hagan todo", expuso el gobernador.

tpc