Guadalajara.— Después de denunciar públicamente la desaparición de varias personas tras el inicio de la Operación Jalisco en el municipio de Villa Purificación, un grupo de cinco familias acudió ayer a la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en el estado para intentar dar con el paradero de sus parientes; sin embargo, ahí se les informó que tendrían que acudir directamente a las oficinas de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la ciudad de México.

Rosa Mondragón, esposa de Juan Antonio Gaona, a quien no localiza desde el 2 de mayo, dijo que ese día recibió una llamada: “Era un hombre que vio cuando me lo abatieron los militares en Villa Purificación; he andado por todos lados, él trabajaba en las minas de Villa, desgraciadamente estuvo en el lugar equivocado”.

Oficialmente, tras los hechos del 1 de mayo murieron 16 personas (un agente de la Fiscalía de Jalisco, siete militares y ocho presuntos delincuentes) y el 4 de mayo, el fiscal del estado, Luis Carlos Nájera, lo confirmaba: “El personal federal estuvo trabajando en la zona donde fue el incidente (el derribo del helicóptero), estos nueve muertos los trasladan aquí a Guadalajara y se suman a los siete que teníamos”.

El abogado Javier Díaz, quien acompaña a las familias, se pregunta por qué los cuerpos en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses están en avanzado estado de descomposición y advierte que eso abre muchas dudas. “Hay versiones de que hubo ejecuciones extrajudiciales y que se torturó a los que quedaron vivos”.

Por lo anterior —explicó— se interpuso un amparo ante el Juzgado Quinto de distrito; además, hay una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.