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Gobierno no se desistirá en proceso de Nestora

Vania Pigeonutt Corresponsal| El Universal
Domingo 01 de febrero de 2015
Fiscalía anuncia que seguirá el juicio contra activista, recluida en penal federal; hija asegura que continuará lucha por la liberación de su madre

Chilpancingo.— La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que con base en un “análisis minucioso estrictamente jurídico”, decidió no desistirse de la acción legal contra la coordinadora de la policía comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado, presa desde agosto de 2013 en el penal federal de Nayarit.

Lo anterior, pese a que la petición del desistimiento fue hecha por el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, quien consideró que no existen suficientes elementos para que siga en la cárcel.

En un comunicado, la FGE explicó que no se desestiría de la acción legal para salvaguardar los derechos de las “probables víctimas de un delito” y porque respetan las decisiones de los jueces guerrerenses que hallaron culpabilidad en el actuar de Salgado García.

Saira García, hija de Nestora Salgado, lamentó la noticia, pero aseguró que continuará luchando para que su madre salga de la cárcel; “es anticonstitucional que ella siga, aún más cuando no está acusada de ningún delito federal, para que permanezca en una prisión de máxima seguridad”.

Nestora, quien inició una pelea contra la delincuencia organizada en Olinalá, dijo, justo es tratada como uno de ellos, porque está rodeada de criminales peligrosos.

El 8 de enero, Ortega Martínez solicitó al fiscal Miguel Ángel Godínez el desistimiento de la acción penal a favor de “la solicitud hecha al fiscal Godínez Muñoz, está dentro de la facultad exclusiva del Ministerio Público”, pero de nada sirvió.

Nestora enfrenta el delito de robo; sus abogados han explicado que es anticonstitucional que siga en un penal federal, cuando su caso está en juzgados de Guerrero.

En agosto de 2013, cuando se le dictó auto de formal prisión a Salgado, se le había considerado el delito de delincuencia organizada en modalidad de secuestro agravado, en perjuicio de un síndico de Olinalá, región de La Montaña y dos menores de edad. En abril de 2014, a través del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, la justicia federal revocó ese auto de formal prisión; el delito federal quedó sin validez.



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