Guadalajara. Cinco familias que buscan a sus integrantes presuntamente desaparecidos tras los hechos violentos en el municipio de Villa Purificación el 1 de mayo pasado, durante el inicio de la Operación Jalisco, interpondrán un amparo contra las autoridades federales y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF).

Consideran que esta dependencia está violando sus derechos al quererlos obligar a acudir a la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en la ciudad de México, para saber si sus pruebas de ADN corresponden con alguno de los cuerpos que entregó el Ejército mexicano a la institución estatal.

El abogado que lleva el caso, Javier Díaz, explicó que estas familias no cuentan con recursos para viajar a la capital del país, como se lo sugirió el delegado de la Procuraduría General de la República Jalisco, Raúl Martínez.

Aunque oficialmente los enfrentamientos dejaron ocho muertos que presuntamente estaban vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación, Javier Díaz cuestiona la forma de actuar por parte de las autoridades en el manejo de los cuerpos, pues en el IJCF aseguran que el avanzado estado de descomposición de los cadáveres hace imposible su identificación sin practicar las pruebas de ADN. Raúl Torres