Tuxtla Gutiérrez.— Con una izquierda fragmentada, los comicios locales del próximo 19 de julio serán una batalla entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), que a pesar de que juntos ganaron la gubernatura (2012), se disputarán alcaldías como adversarios; en el caso de Acción Nacional (PAN), sus bases están dividas y el ánimo del electorado está minado, por lo que se espera “un alto abstencionismo en las urnas”.

Tres nuevos actores se sumarán a este proceso: Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que le quitó militantes al Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT), además, los partidos locales, Mover a Chiapas y Chiapas Unido, que irán con el PVEM en algunos municipios y distritos.

Un caso son los ayuntamientos de Jiquipilas y Copainalá, donde el PVEM y Mover a Chiapas van con candidatos comunes.

La alianza PRI-PVEM se alista para ganar los 24 distritos electores, han dicho sus dirigentes respectivamente; aunque además de los candidatos electos, 16 más que llegarán al Congreso local por representación proporcional y uno que “es la voz” de los migrantes de Estados Unidos.

También esta alianza tiene el ánimo de ganar la mayoría de las 122 alcaldías y para esto trabajan sus líderes y el secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar, que el pasado fin de semana asistió a la convención estatal de Partido Nueva Alianza (Panal), que se aliará con el PVEM.

En 2012, el PRI y PVEM ganaron la gubernatura, después de dos sexenios que el PRD mantuvo el poder en la sureña entidad, en la coalición en la que también se unió el Panal.

Dos elecciones

Chiapas es la única entidad del país donde se llevarán a cabo dos procesos electorales este año: las federales, el 7 de junio, y las locales, el 19 de julio, de acuerdo con lo planteado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La consejera presidenta del Instituto Estatal de Participación Ciudadana (IEPC), María de Lourdes Morales Urbina, califica este proceso electoral como “el más prolongado” en la historia reciente de la entidad.

Detalla que en el año 2012, las elecciones tuvieron una duración de cinco meses y este año van a tener un periodo de 11 meses.

Para el primer evento, el presupuesto fue de 328 millones de pesos y para este año de 445 millones.

A principios de este proceso, el IEPC estaba listo para organizar las elecciones, pero enfrentaba un “gran déficit presupuestario”, ya que no contaba con “recursos suficientes” para la impresión de papeletas, mamparas, renta para 146 edificios y pagar el salario de los capacitadores electorales, funcionarios de casillas y promover el voto en Estados Unidos, pero fue hasta días recientes que sus finanzas se normalizaron.

Ahora, el reto es enfrentar el proceso, ya que “se alargó mucho” y que arranca el 20 de mayo con la presentación de precandidatos al organismo, señala la funcionaria.

Detalla que participarán 10 partidos con registro nacional y dos locales, a los que se unirán las candidaturas ciudadanas, por coalición y comunes.

En este proceso; uno, dos o más partidos políticos pueden optar por candidatos comunes para alcaldías o distritos, pero también escoger tres formas para buscar el voto.

La primera por coalición total, que es por 100% de los puestos en los ayuntamientos y distritos; la parcial, con 25% y 49%; y por coalición flexible, con menos de 25%.

Liberan recursos

Recientemente, el Congreso del estado autorizó 445 millones de pesos, dinero de los que se destinarán 200 millones para financiamiento de partidos, gasto corriente y para el pago de 3 mil 963 plazas, 130 para empleados de confianza y mil 773 capacitadores electorales, que comparte con el Instituto Nacional Electoral (INE), que suman en total 287 millones de pesos.

Del recurso que autorizaron los diputados locales, aún se requiere dinero para imprimir boletas, el financiamiento del Programa de Resultados Preliminares (Prep), promoción de sufragios, pago de 146 edificios y voto en el extranjero, campaña que inició el pasado 23 de marzo.

El investigador Juan González Esponda, maestro de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), estima que en estos procesos, “el desencanto” y la “falta de credibilidad de los políticos, es la posibilidad de una alta abstención que, además, es promovida por sectores de izquierda y agentes de la Iglesia católica, principalmente, a nivel nacional”.

El investigador sostiene que hay que salir a votar, ya que “el país está en riesgo de un estallido social y la única manera de evitarlo es que se puede iniciar una transición pacífica a la democracia que destierre desde la raíz, culturas tan arraigadas como el de la corrupción”.