La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que de acuerdo a un "análisis minucioso estrictamente jurídico", tomaron la determinación de no desistir de la acción legal contra la coordinadora de la Policía Comunitaria en Olinalá, Nestora Salgado García, presa desde agosto de 2013 en el penal federal de Nayarit, pese a que la petición del desistimiento fue hecha por el gobernador interino, Rogelio Ortega Martínez, quien consideró no existen suficientes elementos para que siga en la cárcel.

La dependencia informó, mediante un comunicado de prensa difundido en formato de imagen minutos antes de las 11 de la noche, que conforme a sus facultades, la FGE había determinado no desistirse de la acción legal contra la líder comunitaria, según se leyó, para salvaguardar los derechos de las "probables víctimas de un delito" y porque respetan las decisiones de los jueces guerrerenses que hallaron culpabilidad en el actuar de Salgado García.

El 8 de enero, Ortega Martínez informó que solicitó al fiscal Miguel Ángel Godínez Muñoz el desistimiento de la acción penal.

"La solicitud hecha al fiscal Godínez Muñoz, está dentro de la facultad exclusiva del Ministerio Público representado en su persona, conforme a lo establecido en el Artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre el Ejercicio de la Acción Penal", dijo el Ejecutivo.

Señaló ese día, también vía boletín de prensa, que: "para el gobernador, esta acción atiende la demanda de justicia, sin criminalizar la lucha social y apegándose a procurar el buen desarrollo de las actividades del estado y la paz social que requiere Guerrero".

Nestora Salgado enfrenta delitos ante el Juzgado Primero Penal del Distrito Judicial de Morelos, Causa Penal 5/20145/2014-I; el Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial de Morelos, Causas Penales 196/2013-I, 48/2014-II y 50/2014-II, y el Juzgado Cuarto Penal del Distrito Judicial de Tabares, Causa Penal 191/2013-I. Los delitos que enfrenta son del fuero común; sus abogados han explicado que es anticonstitucional que siga en un penal federal, cuando su caso está en Guerrero.

La mujer, que cuenta también con la nacionalidad estadounidense, adherida a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), es defendida por un grupo de diputados federales que consideran no hay elementos jurídicos para que siga en la cárcel, por el congresista norteamericano Adam Smith, y por cientos de organizaciones nacionales e internacionales que la consideran una presa política de Guerrero, cuya situación en el gobierno que inició el gobernador con licencia, Ángel Aguirre, es similar para 15 activistas encarcelados, según agrupaciones defensoras de derechos humanos.

En agosto de 2013, cuando se le dictó auto de formal prisión a Salgado, se le había considerado el delito de delincuencia organizada en modalidad de secuestro agravado, en perjuicio de un síndico de Olinalá, región de la Montaña y dos menores de edad.

En abril de 2014, a través del Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Primer Circuito, la justicia federal revocó ese auto de formal prisión; el delito federal quedó sin validez.

Entre los argumentos que emplearon se encontró que la dirigente de la CRAC, actuó conforme a sus funciones como policía comunitaria, con base a usos y costumbres avalados por el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que confieren el derecho a la población a regirse bajo su propio sistema de usos y costumbres.

En el caso de la activista detuvo a personas y las envió a "reeducación", dentro del marco de sus funciones, porque demostró, bajo ese sistema comunitario que habían cometido un delito. Ese modelo de detenciones se emplea en la CRAC desde hace 19 años. Los detenidos son llevados a comunidades rurales a realizar, de acuerdo a la infracción, trabajos comunitarios por determinado tiempo.

La FGE citó a la lectura de un mensaje en las instalaciones de la dependencia en Chilpancingo a las 13:30 horas del viernes, luego avisó que se recorría el horario a las 16:00; sin embargo, sin previo aviso, mediante correo electrónico, el áreas de Comunicación Social de la dependencia, avisó que se suspendía el mensaje del titular, sin explicar las razones.

jlc