El PRD y PAN en Quintana Roo consideraron que la clausura impuesta por la Profepa al "Dragon Mart Cancún" es "insuficiente", y exigieron a la autoridad que se castigue a los funcionarios estatales y federales que incurrieron en omisiones o acciones para favorecer el avance del megaproyecto.

Si bien el dirigente estatal del PAN, Eduardo Martínez Arcila, reconoció que la clausura y las multas a la sociedad mercantil "Real Estate Dragon Mart Cancún" representan un "gran avance", aún resultan insuficientes y se deben fincar responsabilidades a aquellos funcionarios públicos que permitieron, con actos u omisiones, que el desarrollo afectara recursos ambientales en el predio de 561 hectáreas, en donde pretendía erigirse el centro de exhibición y venta de productos varios.

"Con esta clausura no se puede dejar el caso cerrado, insistimos que hay autoridades locales, del Poder Judicial estatal y de la delegación de Profepa y Semarnat en el estado, que su actuación omisa los convirtió en cómplices del daño irreversible que se le ha causado al medio ambiente", aseveró.

Martínez Arcila reconoció la intervención del senador Daniel Ávila (PAN) y de la diputada federal Graciela Saldaña Fraire (PRD), así como a las y los jueces federales que obligaron a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) tomar acciones para detener el proyecto Dragon Mart.

Demandará PRD reparación del daño ambiental

Al respecto, la legisladora Saldaña Fraire coincidió en que el siguiente paso, luego de la clausura y las multas a la empresa "Real Estate Dragon Mart", es el castigo a los funcionarios públicos que omitieron cumplir "con imparcialidad y eficiencia" de la ley, permitiendo que el proyecto avanzara hasta hoy, pese a su "ilegalidad".

A la par de celebrar las medidas aplicadas por la Profepa "dos años después", subrayó que "de no haber existido la presión que realizó la sociedad civil organizada, CEMDA y otros grupos, así como la lucha que se llevó a cabo desde la Cámara de Diputados, esto no hubiera sucedido".

La legisladora federal, quien llevó a tribuna el tema desde finales del 2012, anunció que pugnará por la aplicación y cumplimiento de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

"Solicitaremos que a través de la Profepa se demande judicialmente la responsabilidad ambiental y el cumplimiento de las obligaciones respectivas que están establecidas en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, como son la reparación del daño o la compensación ambiental por parte de la empresa infractora", dijo.

A través de un comunicado, el coordinador de la fracción parlamentaria del PRD, Miguel Alonso Raya coincidió con Saldaña y celebró que el gobierno federal atendiera los reclamos del sector empresarial y comercial del país, así como de diversas organizaciones sociales y del propio partido.

"Desde que se dio a conocer, la fracción perredista en la Cámara de Diputados denunció los riesgos que implicarían para el país las prácticas de dumping que se preveían en este proyecto, así como los daños al medio ambiente en la zona donde se estaba instalando", reiteró.

"La implementación del proyecto Dragon Mart conlleva violaciones al Programa de Ordenamiento local del municipio de Benito Juárez, destinado a la protección de especies endémicas y nativas, así como la Norma Oficial Mexicana 059, Semarnat 2010", recordó.