Se ejercerán "sanciones ejemplares" de carácter administrativo y penal a compañías mineras que no cumplen con las normas de seguridad e higiene o incurrieron en anomalías que provoquen accidentes o fallecimientos de trabajadores como ocurrió el pasado martes en la mina de Charcas, San Luis Potosí, al desplomarse la calesa o elevador desde una altura de 750 metros, lo que ocasionó el fallecimiento de cinco personas, sostuvo el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida.

"Si llega el peritaje a marcar la Constitución de diversos tipos de sanciones, desde el ámbito administrativo hasta otros ámbitos, como corresponde en este momento a las autoridades ministeriales investigar, yo quiero decir que las sanciones serán ejemplares, si esto es así. Si se demuestra que hay responsabilidad, las sanciones van en función del daño causado y este es de cinco muertos", Sostuvo el funcionario.

Alfonso Navarrete Prida ofreció una conferencia de prensa para informar sobre los acuerdos logrados entre trabajadores y empresas, así como con universidades en materia salarial y de revisión contractual, en donde señaló que el promedio de incremento rebasó el 3.5% y con ello se evitaron huelgas.

En la sesión de preguntas y respuestas, el encargado de la política federal en materia laboral, enfatizó que el accidente referido no ocurrió con motivo de un descuido o explosión, sino por el desplome de un elevador, sobre lo cual se realizan las investigaciones respectivas encabezadas por la autoridad ministerial.

El pasado 12 del presente mes, fallecieron en la mina de Charchas, San Luis Potosí Teódulo Rivera López, de 45 años de edad; Blas Guzmán Gatica, de 47; Benito Arriaga Gatica, de 56; Juan García Puente, de 57, e Isidro Rodríguez Ramírez, de 45. Muertes que se adjudican inicialmente a que una de las cuerdas que sostenían uno de lso elevadores que bajaban al filo de la mina sufrió fallas, lo cual provocó un desplome de los trabajadores.

Al insistírsele sobre cuáles serían esas "sanciones ejemplares", el funcionario dijo:

"No quiero adelantar ni especular, pero si asentado con claridad de que habrá esperar que dice la investigación ministerial y la revisión de inspecciones de seguridad e higiene, en qué se basaron éstas y si estaba comprendidas la seguridad y la revisión de los elevadores y el tiro", aunque reconoció que irían desde el ámbito administrativo hasta el penal.

Navarrete Prida giró instrucciones, luego del accidente, a las autoridades de la Delegación Federal del Trabajo en la entidad y de la Dirección General de Inspección Federal del Trabajo "de disponer toda la colaboración requerida por las autoridades judiciales y las autoridades estatales correspondientes, a fin de apoyar en la investigación que al respecto se realiza".

Se instruyó a la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajo para que acompañe y tutele los derechos de los deudos de los mineros fallecidos, a los cuales deberá prestar asesoría y apoyo necesarios.

Respecto a la situación en la mina de Pasta de Conchos, donde se conmemorará la próxima semana el octavo aniversario de la explosión en ese lugar donde fallecieron 65 mineros, Alfonso Navarrete recordó que la Procuraduría General de la República encargó un nuevo peritaje para saber con certeza si se puede ingresar.

Pero la empresa, continuó, "ha interpuesto muchos recursos legales y juicios de amparo para evitar que esta determinación de la autoridad se lleve a cabo.

"La decisión en los jueces y la pretensión del gobierno federal es realizar el peritaje y la defensa de la empresa es que esto no ocurra. El acto constitucional está apegado a la disposición que tuvo la autoridad federal al solicitar que se realice el peritaje, por lo que estamos ciertos que esa es la actitud correcta jurídicamente políticamente y éticamente. Esperaremos a lo que decidan los jueces sobre estas medidas que son dilatorias , pero que no pueden evitar que finalmente haya una resolución".

Señaló que paralelamente a estos acontecimientos, se ha avanzado en materia de inspección seguridad e higiene en las minas y reducido el número de accidentes y muertes. Se ha incrementado el número de inspecciones, en el marco de lo cual se ha utilizado en algunos casos la fuerza pública. Esto ha permitido salvar vidas y mejorar protocolos.