Lavar ropa con el agua natural que hay en los pozos construidos hace décadas es una actividad cotidiana. Los niños juegan alrededor de ellos con cubetas, se bañan, ayudan a sus mamás a exprimir las prendas. Los habitantes saben que el líquido es suficiente y de la mejor calidad, porque sale desde las entrañas de su tierra, de donde sólo los moverán "muertos", advierten.

Los Bienes Comunales de Cacahuatepec están integrados por 17 núcleos agrarios, cuyos habitantes iniciaron el movimiento de resistencia del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la presa La Parota (Cecop); el corazón de esta lucha late en La Concepción.

Desde la detención del vocero de la organización, Marco Antonio Suástegui Muñoz, vocero del movimiento y líder de la guardia comunitaria -el 17 de junio-, la gente reforzó la vigilancia, aunque en El Arroyo, San José y Garrapatas se gestó el movimiento.

Durante los 11 años que el Cecop se ha opuesto al proyecto hidroeléctrico ha habido cuatro muertos, peleas entre comuneros y marchas. Su posición "defiende derechos humanos, a la vivienda, a la alimentación, el derecho de vivir en el campo", dicen.

En 2009 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) aplazó para 2018 la obra, pero año con año, a excepción del 2010, se le etiquetan recursos del presupuesto federal.

Felipe Flores Hernández, uno de los iniciadores del Cecop relata que su postura no es de necedad, porque desde hace 11 años se han informado de los efectos negativos que traería La Parota, cuya finalidad es generar energía y venderla a otros países.

No pueden permitir que el gobierno federal cumpla con su objetivo, dice, porque la gente no está dispuesta a abandonar sus hectáreas, pese a la detención de Suástegui Muñoz, quien se encuentra preso en un penal de Nayarit tras la sentencia por despojo y lesiones en agravio a los integrantes de la familia Bailón Dorantes, -gravilleros contra quienes, paralelo a su lucha contra La Parota, tuvieron problemas por los recursos naturales-.

Para las 33 de las 34 comunidades que se mantienen en pie dentro del Cecop, que tienen como base La Concepción, a unos 40 kilómetros de Acapulco, Suástegui es un preso político, detenido más que por los delitos que se le imputan, por oponerse al proyecto, "¡pero así nos tengan que asesinar a todos, aquí vamos a seguir!, ¡queremos la libertad de Marco Antonio!".

A Marco, recuerda Felipe Flores, quien también fue vocero del Cecop, el gobierno del estado lo detuvo por el enfrentamiento del 4 de abril en la comunidad de Parotillas, la única que a favor de la presa.

Ese día, civiles armados se enfrentaron con integrantes de la Policía Comunitaria de los Bienes Comunales de Cacahuatepec, que se formó en marzo de este año. Hubo dos policías heridos; según los comuneros ninguno de sus contrincantes resultó herido.

Esos hechos, continúa Flores, han complicado la lucha del Cecop, pues a lo largo de esos 11 años, además de la resistencia contra La Parota, han luchado con varias empresas gravilleras como la de Humberto Marín, propietario de Kimbar y "quien ha comprado a comuneros de Parotillas" para apoyar al gobierno, mientras su problema es la sobreexplotación de grava y arena del río Papagayo.

El 29 de julio se cumplieron los 11 años de la Cecop y hoy esperaban conmemorarlo con una marcha, pero de último momento decidieron cambiarla al 15 de agosto.

Cuestionó que las autoridades sólo tomen en cuenta las declaraciones "falsas" de los Bailón, a pesar de que hay evidencias de que ellos fueron los atacados "es claro que el gobierno se quiere agarrar de ahí para desarticular al movimiento, porque a lo largo del tiempo hemos tenido 16 detenidos".

Afectaciones

De acuerdo con organizaciones protectoras del ambiente como la Asociación Interamericana en Defensa del Ambiente (AIDA), la represa de La Parota, es uno de los proyectos hidroeléctricos más grandes que se plantea construir en el hemisferio. Y éste podría causar graves daños ambientales y sociales, al afectar los 20 mil habitantes de Cacahuatepec y otros seis municipios, de unas 30 comunidades.

La represa se ubicaría en la cuenca del río Papagayo 2, a aproximadamente 30 kilómetros de Acapulco e involucra también a los municipios de San Marcos, Juan R. Escudero, Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango y Teconoapa.

Requeriría de 15 mil 040 hectáreas para la obra. Sin embargo, el proyecto prevé la inundación de 14 mil 213 hectáreas. Además, se requiere de otras 322 para construir la cortina, que tendría una altura de 182 metros cuadrados, área que no se podrá reforestar ni aprovechar de forma alguna, por ser para las zonas estructurales de la obra.

El proyecto no es nuevo, se remonta a 1961, cuando comenzaron los estudios de prefactibilidad y factibilidad.

La CFE asegura que la presa tendrá el objetivo de satisfacer la demanda de electricidad en la región oriente de México; traería desarrollo y fuentes de empleos y convertiría a México en el primer exportador de energía.

La Parota forma parte del Proyecto Mesoamérica, firmado el 15 de junio de 2001. Se inscribe en el Programa de Interconexión Energético Mesoamericano, los países adheridos a esa iniciativa mundial, entre ellos Colombia, venderían a través del Sistema de Interconexión Energética para los Países de América Centra (SIEPAC) energía a naciones como Estados Unidos.

El presidente Enrique Peña Nieto, durante su visita por el estado en noviembre de 2013, ratificó que el proyecto continuará, sólo que en ese momento no se refirió al proyecto por su nombre.

Alfonso García Vázquez, de la comunidad de Río Verde, sentado en una silla de mimbre, mientras disfruta el olor de huevo con chile y tortillas hechas a mano que se reparten entre los adheridos al movimiento, comenta que "no hubo comunicación previa que nos dijera si quieren o no quieren La Parota. Los ofrecimientos nunca se aterrizan en las comunidades, siempre traen ganancias para los poderosos".

En el Registro Agrario Nacional (RAN) hay sólo 7 mil comuneros reconocidos legalmente, pero García Vázquez asegura que son más de 55 mil, que en seis ocasiones han ganado a través de sentencias del Tribunal Unitario Agrario 52, el derecho de seguir en sus tierras, han demostrado que ningún proyecto está por encima de los tratados internacionales que dan a los pueblos, ejidatarios y comuneros el derecho a decidir sobre su territorio.

Reconstrucción

El proyecto es muy ambicioso, por ello los recursos, incluso, están presupuestados dentro del Plan Nuevo Guerrero para la reconstrucción del estado, luego del paso de la tormenta tropical Manuel; sin embargo, a 10 meses de la tragedia ocurrida en septiembre, en las comunidades de los Bienes Comunales se sigue viendo la devastación.

La gente pide ayuda porque en la mayoría de calles de La Concepción, más aquellas que perdieron todo, la gente muestra sus casas inundadas y clama por apoyo.

La señora Micaela Solís se muestra preocupada, ya que si una la presa cercana de La Venta, de tan sólo 30 metros de altura, logró destrozar su casa, "¡qué no hará La Parota!, ¡Aquí nos va a inundar!".